Empate técnico en Perú: ¿qué significa para la democracia y la seguridad ciudadana?

La noche electoral en Perú dejó una imagen de incertidumbre: con el 93% de las actas computadas, los resultados preliminares mostraban una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, una brecha que podría decidir el rumbo político y social del país. Ese empate técnico —con cifras que rondaban 50.095% para Fujimori y 49.905% para Sánchez— no solo retrata un país dividido, sino una democracia que enfrenta retos estructurales: el debilitamiento del sistema partidario, la influencia de liderazgos polarizadores y la presión creciente de la inseguridad ciudadana.

Una carrera marcada por la volatilidad electoral

Perú eligió a sus candidatos finales después de una primera vuelta en abril en la que participaron más de 30 aspirantes; los resultados oficiales de aquella elección situaron a Fujimori con alrededor del 17% y a Sánchez con cerca del 12% del total de votos válidos. La fragmentación del voto muestra la fragilidad de los vínculos entre electores y partidos tradicionales, y explica por qué decisiones electorales tan ajustadas pueden dejar a una parte significativa de la ciudadanía sintiéndose representada por alguien que no fue su primera opción.

El sistema de conteo adoptado en este proceso también contribuyó a la tensión. La ley exige que cada acta y hoja de votación sea trasladada a oficinas específicas para su consolidación, y que los votos emitidos en el extranjero lleguen a Lima para su cómputo. Ese procedimiento, pensado para garantizar la trazabilidad y evitar fraudes, ralentizó el recuento y generó expectativas e incertidumbre durante horas y días.

¿Por qué preocupa la seguridad?

La inseguridad es la principal preocupación de los electores peruanos. Un estudio nacional de 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) detectó que 84% de los habitantes de zonas urbanas temían ser víctimas de algún delito en los 12 meses siguientes. Ese temor está íntimamente ligado al auge de la delincuencia organizada y a actividades ilícitas que han prosperado durante décadas, como la minería ilegal de oro en la sierra y la Amazonía, que han sido fuente de recursos para grupos criminales y erosionan el tejido institucional local.

En el debate público, ambos candidatos ofrecieron propuestas orientadas a la seguridad: Fujimori prometió medidas de mano dura —incluyendo el aumento de presencia policial y militar en zonas de riesgo, mayor vigilancia tecnológica contra la extorsión y la implementación de trabajo penitenciario— mientras que Sánchez propuso reformas para combatir la corrupción dentro de la policía y planteó la posibilidad de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en coordinación con autoridades civiles. Estas propuestas, sin embargo, enfrentan dudas sobre su efectividad y sobre los límites del uso de las fuerzas armadas en asuntos de orden interno.

El peso de los legados políticos

Keiko Fujimori carga con la herencia política de su padre, Alberto Fujimori, presidente en la década de 1990 cuya gestión combinó resultados en materia de estabilización económica y lucha contra grupos subversivos, pero que también estuvo marcada por denuncias de autoritarismo y corrupción. Ese legado sigue vigente en la memoria colectiva: para una parte de la población es sinónimo de mano dura y orden; para otra, el recordatorio de abusos institucionales. La figura de Fujimori genera adhesiones fervientes y rechazos igualmente intensos.

Por su parte, Roberto Sánchez aparece vinculado como cercano al expresidente Pedro Castillo, cuyo periodo breve y convulso (16 meses) estuvo signado por múltiples cambios de gabinete y acusaciones de inestabilidad. La asociación de Sánchez con el entorno de Castillo alimenta temores sobre continuidad de prácticas contradictorias en la gestión pública.

La abstención, el voto en blanco y el desencanto

El día de la segunda vuelta mostró una participación menor en varios centros de votación, a pesar de que el voto es obligatorio para peruanos entre 18 y 70 años y la omisión puede acarrear multas (hasta aproximadamente 32 USD). Entre más de 27 millones de personas registradas en el padrón electoral, alrededor de 1.2 millones estaban habilitadas para votar desde el exterior, principalmente en países como Estados Unidos y Argentina.

Encuestas y testimonios recogidos en la campaña mostraron a muchos electores desencantados que optaron por el voto en blanco o nulo. Magali Quiquia, vendedora ambulante, resumió un sentimiento común cuando dijo que prefirió votar en blanco porque “no encontró a ningún candidato convincente” y sentía que las promesas no solucionaban los problemas de corrupción que habían marcado a gobiernos recientes. Ese tipo de desafección es preocupante: cuando amplios segmentos de la sociedad ven en las urnas pocas alternativas reales, la legitimidad del sistema democrático se resiente.

¿Qué escenario institucional enfrenta el país?

Un resultado extremadamente ajustado impone desafíos legales y políticos. En el corto plazo, el proceso de cómputo continuará hasta que las autoridades electorales concluyan el escrutinio definitivo; la rigidez de los procedimientos busca evitar impugnaciones fundadas, pero el tiempo de espera alimenta sospechas y teorías conspirativas en sectores polarizados. En varios países de la región, procesos similares han terminado en impugnaciones judiciales, protestas en las calles o, en casos extremos, crisis institucionales.

Un factor clave será la conducta de los actores políticos y de la sociedad civil durante la espera: la apelación a la calma, el respeto por las decisiones institucionales y la transparencia en la publicación de resultados pueden mitigar riesgos; la polarización y la desinformación, por el contrario, pueden amplificarlos.

Propuestas vs. capacidad de implementación

Las ofertas de seguridad planteadas por los candidatos deben leerse a la luz de las limitaciones institucionales del Estado peruano. Incrementar la presencia policial o militar en zonas conflictivas requiere, además de recursos, entrenamiento, controles de derechos humanos y coordinación con autoridades locales para evitar abusos y daños colaterales. La idea de imponer trabajo penitenciario como forma de “reparación” alude a debates sobre reformas carcelarias que exigen inversión en infraestructura, programas de reinserción y supervisión para que no se conviertan en explotación o violación de derechos.

Asimismo, combatir la corrupción dentro de las fuerzas del orden implica reformas profundas en selección, remuneración, supervisión y fiscalización, además de sistemas judiciales que sancionen sin politización. Sin estos cambios estructurales, las medidas anunciadas pueden tener efectos limitados.

Contexto histórico y regional

Perú ha vivido una década de alta rotación presidencial: el próximo jefe de Estado sería el noveno en diez años si se confirman los cambios recientes. Esa alta volatilidad es resultado de crisis políticas recurrentes, conflictos entre Ejecutivo y Legislativo, y episodios de corrupción que han sacudido la confianza pública. El antecedente del autoritarismo populista en la región y las olas de protesta ciudadana en diferentes países latinoamericanos muestran que la estabilidad democrática demanda instituciones fuertes, partidos con arraigo social y mecanismos de rendición de cuentas efectivos.

Según análisis de expertos en gobernabilidad, la fragmentación partidaria y la personalización de liderazgos han sido factores determinantes para la inestabilidad en varias democracias de América Latina en los últimos años. La experiencia sugiere que resolver problemas estructurales como la desigualdad, la informalidad económica y la corrupción requiere políticas de largo plazo que trasciendan los ciclos electorales.

Mirando hacia adelante: escenarios posibles

1. Victoria por márgenes estrechos: si uno de los candidatos gana por una diferencia minúscula, enfrentará la urgente tarea de ampliar consensos en un Congreso fragmentado y en una sociedad polarizada.
2. Protestas e impugnaciones: en contextos con confianza institucional baja, los resultados ajustados pueden provocar impugnaciones y movilizaciones callejeras si una parte sustancial de la ciudadanía percibe irregularidades.
3. Gobernabilidad condicionada: la nueva administración, cualquiera que sea, necesitará combinar medidas de emergencia en seguridad con reformas estructurales para la eficacia de largo plazo, y un enfoque de diálogo para reconstruir legitimidad.

La jornada electoral reciente puso en evidencia que la política peruana está en un punto de inflexión: las decisiones que se tomen en las próximas semanas determinarán no solo quién asume la presidencia, sino qué tanto las instituciones y la sociedad podrán reconstruir las condiciones para una democracia estable y segura.

Fuentes consultadas: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) — encuesta 2025; información oficial de registro electoral (ONPE); análisis históricos sobre el gobierno de Alberto Fujimori (véase enciclopedia Britannica sobre el periodo de los años 1990). Para datos oficiales y comunicados electorales: ONPE. Para datos sobre percepción de inseguridad: INEI. Para contexto histórico sobre la presidencia de Alberto Fujimori: Britannica.