Camp East Montana: negligencia, gastos millonarios y un sistema de detención que falla

Camp East Montana, el vasto complejo de carpas montado en Fort Bliss (El Paso, Texas), que llegó a ser el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, se ha convertido en un símbolo de las consecuencias de priorizar la velocidad y la escala por encima del cumplimiento de normas básicas de seguridad y salud.

Hallazgos centrales del informe

La Government Accountability Office (GAO) publicó un informe que documenta múltiples deficiencias en la gestión y el funcionamiento del campamento: aperturas apresuradas sin inspecciones completas, condiciones sanitarias inadecuadas, atención médica deficiente y fallos graves en la cadena de custodia de evidencia en investigaciones por muertes de detenidos.

Entre los puntos más alarmantes, la GAO señala que en la investigación de una muerte ocurrida en enero se encontró que la evidencia asociada al incidente "fue missing or destroyed"; es decir, estaba desaparecida o había sido destruida, lo que impidió una revisión adecuada de los hechos. (Fuente: informe de la GAO sobre Camp East Montana).

Muertes, salud pública y fallas médicas

Desde su apertura acelerada en agosto, en el campamento se registraron al menos tres muertes de personas detenidas en un lapso de poco más de seis meses. El informe destaca que la atención inicial a la salud de los ingresados fue incompleta: no se realizaron evaluaciones médicas integrales a todos los recién llegados, lo que permitió que personas con condiciones crónicas o infecciosas fueran mezcladas con la población general.

Un ejemplo concreto fue el manejo de la tuberculosis: el contratista del campamento omitió pruebas cutáneas para detectar TB y se limitó a aplicar un cuestionario. Como resultado, un detenido con tuberculosis fue alojado con el resto de la población, y más tarde se produjo un brote entre los internos.

Contratos, costos y desperdicio

El diseño contractual y la prisa por inaugurar la capacidad llevaron a decisiones costosas. El campamento fue construido para albergar hasta 5.000 personas, pero desde octubre hasta abril su población promedio rondó aproximadamente la mitad de esa capacidad, según datos citados por la GAO. Aun así, el contrato contemplaba costos para la ocupación máxima, por lo que las agencias terminaron pagando por servicios no utilizados: alimentos para 5.000 personas, guardias y servicios médicos a plena capacidad aun cuando el número real de detenidos era menor.

La GAO estimó que el Ejército gastó hasta 11,5 millones de dólares en semanas previas a la llegada de los detenidos por guardias, servicios médicos, transporte y comidas. A ello se sumaron pagos innecesarios ligados a cláusulas contractuales que no contemplaban variaciones en la población detenida.

Selección del contratista y falta de experiencia

Para acelerar la construcción, la administración decidió encauzar el contrato a través del Ejército luego de que ICE no hubiera podido adjudicarlo en dos ocasiones. Así se terminó seleccionando a la empresa Acquisition Logistics para un contrato estimado en 1.300 millones de dólares, pese a que, según señalan los organismos implicados, la compañía carecía de experiencia previa en la operación de centros de detención y enfrentó una "significant learning curve" (curva de aprendizaje significativa).

La combinación de un operador sin suficiente experiencia y la ausencia de la supervisión requerida por ICE generó las condiciones para errores operativos de graves consecuencias.

Seguridad, infraestructura y derechos

El informe indica múltiples carencias en la infraestructura y seguridad del campamento al momento de su apertura: falta de cámaras perimetrales y puntos ciegos de vigilancia que aumentaban el riesgo de agresiones sexuales y fugas; instalaciones no accesibles para personas con movilidad reducida (sin duchas conformes a la ADA), lo que obligó a mantener a personas con discapacidad en salas médicas; zonas de recreo insuficientes que impidieron proporcionar el tiempo de esparcimiento exigido; y servicios clave —biblioteca jurídica, espacios para consultas con abogados y visitas— que no estuvieron disponibles durante semanas, restringiendo el acceso a asistencia legal y a la comunicación con familias.

Uso de fuerza, suicidios y manejo de incidentes

Respecto a los incidentes más graves, la GAO halló incumplimientos en la obligación del contratista de presentar informes de uso de la fuerza y de muertes a ICE. En uno de los casos, la autopsia externa calificó la muerte como homicidio por asfixia tras ser sometido por agentes. En otro, un detenido nicaragüense de 36 años se suicidó tras ser ubicado en una sala de observación médica en lugar de una celda resistente al intento suicida; además, el personal lo dejó sin una supervisión que cumpliera lo establecido sobre intervalos de observación y la sala carecía de paneles de visión que habían sido solicitados meses antes, lo que impidió la vigilancia continua.

Implicaciones legales y de responsabilidad

Las deficiencias documentadas por la GAO no son meramente administrativas: abren la puerta a investigaciones penales y civiles. La Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE puso en espera su investigación sobre una de las muertes a la espera de una pesquisa criminal del FBI. Además, abogados de las familias de las víctimas han señalado que el informe refuerza posibles reclamaciones por homicidio culposo o negligencia grave que podrían prosperar en demandas por muerte injusta.

Supervisión, cambios y promesas de mejora

Tras la difusión del informe, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que ICE reemplazó al contratista encargado del centro y anunció que el nuevo operador "permitirá que Camp East Montana continúe cumpliendo con los más altos estándares de detención con la capacidad de proporcionar más atención médica en el sitio" (declaración del DHS).

No obstante, el informe de la GAO subraya que los cambios posteriores a la apertura no borran las consecuencias de las fallas iniciales: la pérdida de vidas, el posible daño a la salud pública por brotes de enfermedades transmisibles y la erosión de la confianza pública en la capacidad del gobierno para administrar centros de detención de forma segura y conforme a la ley.

Contexto histórico: expansión de la detención migratoria

La construcción y operación masiva de centros de detención migratoria en tiempos recientes se inscribe en una tendencia de varias administraciones por incrementar la capacidad para procesar y deportar a personas en condición irregular. Entre 2000 y 2019 el presupuesto federal para inmigración y control fronterizo experimentó incrementos significativos, y la población bajo custodia osciló según políticas y prioridades administrativas. La magnitud de Camp East Montana refleja un enfoque orientado a la rapidez y la escala que, cuando se combina con contratos mal calibrados, puede redundar en graves riesgos humanitarios y legales.

Recomendaciones y lecciones

El informe de la GAO plantea lecciones claras para evitar repetir errores semejantes:

• Priorizar la inspección y la certificación antes de la apertura de instalaciones de detención.
• Diseñar contratos que contemplen variaciones en la población y eviten pagos por capacidad no utilizada.
• Garantizar que los operadores tengan experiencia comprobable en la gestión de centros de detención y en salvaguardar la salud y los derechos de las personas a su cargo.
• Implementar protocolos médicos obligatorios (pruebas, evaluaciones completas y aislamiento cuando corresponda) para proteger la salud colectiva dentro de las instalaciones.
• Establecer cadenas de custodia fiables para evidencia relacionada con incidentes críticos y asegurar la presentación oportuna de informes de uso de fuerza y muertes a la autoridad competente.

Reflexión final

Más allá de disputas políticas sobre políticas migratorias, el caso de Camp East Montana evidencia que la administración de centros de detención exige estándares profesionales, controles contractuales robustos y supervisión efectiva para proteger la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad. Cuando la prisa, la inexperiencia y los vacíos contractuales se conjugan, las consecuencias pueden ser irreversibles: pérdida de vidas, gastos públicos mal empleados y una crisis de confianza que exige respuestas claras y supervisión continua para que no se repitan estos errores.

Fuente principal: informe de la Government Accountability Office (GAO) sobre Camp East Montana; declaraciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incluidas en comunicados públicos del organismo.