Herat y la represión de un reclamo por la libertad de vestir: cuándo la norma se convierte en violencia

El martes una protesta en la ciudad afgana de Herat, convocada en rechazo a la detención de mujeres por supuestas violaciones al código de vestimenta, terminó con al menos tres personas heridas tras la intervención de la policía armada. Testigos relataron que agentes abrieron fuego —en ocasiones al aire— y que la manifestación, compuesta por más de un centenar de personas, fue dispersada con violencia.

Un contexto de restricciones crecientes

La acción en Herat no es un hecho aislado sino parte de un patrón que comenzó con el regreso al poder de los talibanes en agosto de 2021, tras la retirada de las fuerzas internacionales. Desde entonces, las autoridades han impuesto una interpretación estricta de la ley islámica (sharia) que ha derivado en medidas regresivas para los derechos de las mujeres: prohibición de educación secundaria y superior para niñas y mujeres en múltiples provincias, regulaciones severas sobre su presencia en espacios públicos y la obligatoriedad del hijab completo —con velo que cubre todo menos los ojos— para cualquier desplazamiento fuera del hogar.

Organizaciones de derechos humanos han documentado un incremento en arrestos y restricciones. Según informes de Naciones Unidas y grupos como Human Rights Watch, las mujeres afganas han sufrido desde 2021 la pérdida de libertades fundamentales en ámbitos tan diversos como la educación, el empleo y la movilidad pública.

Qué sucedió en Herat

Fuentes locales y testigos oculares explicaron que la protesta se reunió en respuesta a la detención de más de una docena de mujeres acusadas de violar las normas de vestimenta vigentes. Un testigo identificado solo como Kakar contó que iba pasando por el lugar cuando vio la llegada de coches policiales y escuchó disparos en el aire; tras el primer episodio de fuego, las personas se dispersaron intentando evitar ser alcanzadas, pero la policía regresó y hubo choques en los que algunos resultaron heridos. “Después de varios disparos, nos asustamos y salimos del coche para no resultar heridos”, dijo Kakar, que pidió anonimato por temor a represalias.

Otro testigo —también anónimo por razones de seguridad— afirmó haber visto a tres personas heridas y describió escenas de sangre en la calzada. La versión de los hechos es coincidente en el elemento de uso de fuerza por parte de las autoridades para dispersar una manifestación que, según los observadores, era mayoritariamente pacífica.

Reacciones internacionales y demandas de responsabilidad

Richard Bennett, investigador de Naciones Unidas para los derechos humanos en Afganistán, denunció en una publicación en X (antes Twitter): “Estoy alarmado por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes aparentemente pacíficos en Herat hoy”. Añadió que los responsables de la violencia deben rendir cuentas y urgió a reducir la tensión, respetar la libertad de expresión y proteger especialmente a mujeres y niñas (fuente: publicación en X de Richard Bennett).

De manera paralela, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) expresó preocupación por las detenciones y su impacto en los derechos humanos: en un mensaje en redes calificó las aprehensiones y detenciones por supuestas infracciones de vestimenta como un motivo de seria inquietud. La UNAMA ha venido documentando arrestos similares, tanto en Herat como en Kabul, en los meses previos.

La maquinaria de control: Ministerio de Virtud y Prevención del Vicio

En Afganistán las normas de conducta pública y la moralidad son supervisadas por la denominada Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, una institución que ha recuperado y ampliado competencias que en décadas previas tuvieron efectos restrictivos sobre la vida privada y pública de las mujeres. El ministerio pronuncia directrices sobre el uso del hijab y la presencia femenina en la vía pública y ha justificado arrestos y sanciones en nombre de la ley religiosa.

Ante las denuncias sobre detenciones en Herat, el ministerio emitió una declaración negando los arrestos masivos y calificando las informaciones como “rumores”, al tiempo que reiteró que la imposición del hijab es un mandato divino que deben aplicar. Esa reacción oficial contrasta con testimonios de observadores y familias afectadas que hablan de detenciones verificadas, incluyendo casos de mujeres embarazadas.

El impacto humano: detenciones verificadas y vulnerabilidad

Un monitor de derechos humanos, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a divulgar información pública, reportó que los observadores habían verificado al menos 16 arrestos y detenciones en Herat desde el viernes anterior por presunta falta de cumplimiento de los requisitos de vestimenta, entre los casos citados había una mujer embarazada. Incluso si las autoridades lo niegan, el efecto en la vida diaria de las mujeres de la ciudad es tangible: miedo a salir, vigilancia comunitaria, autocensura y dependencia de redes familiares para la subsistencia.

Es importante subrayar que, en contextos en los que la disidencia está penalizada y las protestas son ilegales, la mera organización o participación en una manifestación conlleva riesgos considerables. Las restricciones al derecho de reunión y la criminalización de la protesta hacen que los episodios de Herat sean tanto una expresión de la frustración social como un acto de valentía de quienes se atreven a desafiar normas que regulan su cuerpo y su comportamiento.

Derecho internacional y obligaciones del Estado

El derecho internacional de los derechos humanos protege la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la igualdad de género. Cuando Estados u órganos de facto aplican normas que discriminan por motivos de género o que conducen al uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, se enfrentan a obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han reiterado que la imposición de códigos de vestimenta mediante detenciones y sanciones administrativas o penales constituye una violación de los derechos humanos básicos. La respuesta de la comunidad internacional suele incluir llamados a la contención, documentación de los hechos y, en ocasiones, mecanismos de presión diplomática o sanciones dirigidas a responsables concretos. No obstante, la efectividad de esas medidas es limitada cuando el gobierno de facto controla el territorio y rechaza las críticas como injerencias.

Resistencias y formas de protesta

Aunque las protestas públicas son raras y peligrosas en el Afganistán actual, existen múltiples frentes de resistencia: desde acciones discretas en redes sociales y campañas de visibilización internacional hasta formas comunitarias de apoyo a mujeres afectadas por detenciones. En tantos contextos autoritarios, la protesta adopta modalidades creativas: performances simbólicas, uso de fotografías y relatos personales que rompen el silencio, y presión de redes transnacionales que amplifican voces locales.

Sin embargo, esas vías alternas tienen limitaciones cuando la represión incluye control estricto de la comunicación y represalias directas. Por ello, la emergencia de protestas en la vía pública —como la de Herat— adquiere un valor político y simbólico mayor: revela el umbral de tolerancia social y la disposición de ciudadanos a desafiar normas impuestas desde arriba.

Qué observar en los próximos meses

• Verificación independiente de detenciones: la comunidad internacional y organismos de derechos humanos deberán confirmar cifras y circunstancias de aprehensiones para sostener reclamos y, eventualmente, acciones legales o sancionadoras.
• Respuesta de las autoridades: si el ministerio continúa negando los hechos, aumentará la incertidumbre y la desconfianza entre la población; una apertura al diálogo sería improbable sin presión externa sostenida.
• Movilidad social y educativa: la continuidad o agravamiento de prohibiciones contra la educación de niñas y la exclusión laboral de mujeres tendrá efectos de largo alcance sobre el desarrollo humano y la estabilidad social en Afganistán.

La protesta en Herat y su dispersión violenta son un recordatorio crudo de que las normas sobre el cuerpo y la conducta pueden transformarse en instrumentos de coerción. En contextos donde la libertad de expresión y de reunión son restringidas, las llamadas a la rendición de cuentas y la protección de derechos fundamentales no son meras declaraciones: son la base para cualquier posibilidad de convivencia plural y de respeto a las libertades individuales. Mientras tanto, las mujeres y las comunidades afectadas continúan pagando el costo directo de esas políticas de control.