La promesa incumplida de la rendición de cuentas: por qué las investigaciones estatales sobre disparos policiales en California se atrasan

En 2020, en pleno auge del debate nacional sobre la responsabilidad policial tras la muerte de George Floyd, California aprobó una reforma ambiciosa: trasladar al nivel estatal la investigación de tiroteos fatales cometidos por agentes locales. La idea era clara y contundente: una autoridad independiente —el Departamento de Justicia de California bajo la dirección del fiscal general— aportaría mayor credibilidad, recursos investigativos y eliminaría conflictos de interés cuando las pesquisas recaen en agencias que colaboran cotidianamente entre sí.

Una solución legislativa nacida de la indignación

La ley, promovida durante años por el asambleísta Kevin McCarty y potenciada por el clima político post-George Floyd, llegó a la firma del gobernador Gavin Newsom con respaldo de activistas por la rendición de cuentas y de legisladores que buscaban un cambio estructural. En palabras de quienes la impulsaron, el traslado debía “restaurar la confianza y acelerar la justicia” en casos donde un agente había quitado la vida a un civil.

Las expectativas: rapidez y neutralidad

Cuando Rob Bonta, que había apoyado la iniciativa como legislador, asumió como fiscal general en 2021, puso el listón alto: se comprometió a completar cada investigación sobre uso de fuerza letal en un plazo máximo de 12 meses. Era una promesa destinada, además de a la eficacia procesal, a devolver alivio a familias que llevan años buscando respuestas tras la pérdida de un ser querido.

La realidad del desempeño: números que alarman

Sin embargo, una investigación periodística encontró que la realidad dista mucho de esa promesa. Según el informe publicado por CalMatters, el promedio de duración de una investigación por un tiroteo fatal a cargo del Departamento de Justicia de California es de casi dos años y cinco meses. De las 41 causas cerradas hasta cierto momento, solo ocho tardaron menos de dos años en resolverse. Además, hay al menos 13 investigaciones que han superado la marca de tres años —umbral que, en muchos casos, hace caer la posibilidad de responsabilidad penal por prescripción— (fuente: CalMatters).

Estas demoras tienen consecuencias concretas: una vez que una investigación excede los tres años, la decertificación de un agente —procedimiento que le impide trabajar en otros cuerpos policiales— queda fuera del alcance, y las familias de las víctimas quedan sin un mecanismo rápido de reparación o cierre.

Voces que señalan el problema

Anne Marie Schubert, exfiscal de Sacramento y candidata a fiscal general en 2022, comentó sobre el tema: “En mi experiencia, tres años es un periodo terriblemente largo, especialmente si empiezas a acercarte a los plazos de prescripción” (citada por CalMatters). La declaración subraya cómo los límites temporales del derecho penal se entrecruzan con la lentitud administrativa para generar vacíos de impunidad.

Por su parte, Sean Thuilliez, presidente de la California Police Chiefs Association, advirtió que “cuando la transparencia no va acompañada de rapidez, el sistema falla para todos: erosiona la confianza, profundiza la desconfianza y prolonga la incertidumbre” (CalMatters). La crítica viene además de quienes, en principio, desean procesos justos pero eficientes, incluyendo muchas jefaturas policiales que reclaman plazos más cortos para aclarar responsabilidades.

Causas señaladas por la propia oficina del fiscal general

El Departamento de Justicia atribuye parte del problema a la falta de recursos asignados por la Legislatura. Antes de que la ley entrara en vigor, el entonces fiscal general Xavier Becerra había solicitado alrededor de 26 millones de dólares para poner en pie equipos investigativos profesionales distribuidos por el estado; el legislativo aprobó cerca de la mitad, unos 13 millones. Con esos fondos se conformaron solo dos equipos regionales —norte y sur— cuando el plan original contemplaba cuatro equipos con bases en Sacramento, Fresno, Los Ángeles y Riverside.

En solicitudes presupuestarias internas y en comunicaciones institucionales el propio Departamento advirtió que, al menos inicialmente, las nuevas unidades estaban “subdotadas”, con tareas que no podían cumplirse por limitaciones de personal. Desde la oficina de Bonta se ha señalado que el propio fiscal revisa cada investigación y que el departamento trabaja en mejorar tiempos y procesos; que, además, en los últimos dos años y medio se habrían cerrado nueve veces más casos que en los primeros dos años y medio de operación de la ley (declaraciones oficiales reseñadas por CalMatters).

El efecto práctico en jurisdicciones locales

La transferencia de competencia estatal también tuvo un efecto práctico inmediato: muchos fiscales y cuerpos policiales locales adoptaron una posición de no intervención paralela cuando el DOJ estatal asumía una investigación. “Si el caso cumple los criterios bajo la ley y el DOJ confirma que toma la investigación, no realizamos una investigación criminal paralela ni después de que el DOJ concluya”, afirmó el capitán Brian Cole, a cargo de la división de detectives de la Policía de Redding (CalMatters). En la práctica, esto significa que la ciudadanía depende casi exclusivamente del ritmo que marque el fiscal general estatal.

Historias humanas que ilustran la demora

El caso de David Couch es una de las narrativas trágicas que mejor ejemplifican el costo de la dilación. Arrestado en diciembre de 2022 y liberado en febrero de 2023, Couch padecía un episodio maniaco y, según la familia, recibió medicación equivocada en la cárcel y pasó gran parte del tiempo en aislamiento. Días después de salir, fue mortalmente baleado por un oficial de la Patrulla de Caminos de California en su propia entrada. La investigación inicial fue local; cuando Couch murió, la investigación pasó al DOJ estatal.

El equipo estatal demoró 1.199 días en completar la pesquisa, y concluyó que no existía evidencia suficiente para promover cargos contra el agente Ryan Cates. Durante ese lapso, la familia vivió años de incertidumbre y el agente continuó en activo. En palabras de la madre, Jeanelle Couch: “Quiero luz sobre esto. Eso es lo que quiero. Justicia” (CalMatters).

¿Es solo financiación? Otros factores en juego

Aunque la falta de recursos es la explicación oficial y un elemento real, expertos y exfiscales plantean que la complejidad intrínseca de estos casos, la necesidad de coordinar peritajes forenses, análisis de video, entrevistas múltiples y el escrutinio mediático y político aumentan naturalmente los tiempos. Además, cuando la Fiscalía estatal es la investigadora y posible acusadora, existen exigencias altas de estandarización y revisión que no siempre encajan con la lógica de velocidad que exige la opinión pública.

Cristine Soto DeBerry, fundadora de una unidad de investigación sobre policías en la fiscalía de San Francisco y actual directora ejecutiva de Prosecutors Alliance, advirtió sobre la pérdida de presión local: “La preocupación local, las protestas locales, el interés local se sienten por los fiscales locales… ese dolor real de las familias y las comunidades influye en la disposición de un fiscal a tomarse en serio el caso” (CalMatters). La centralización estatal, si bien elimina conflictos, puede diluir la conexión directa entre autoridades y comunidad, con efectos políticos y emocionales en la persecución.

Impacto jurídico: prescripción y decertificación

Uno de los efectos más perentorios es jurídico: la prolongación del tiempo de investigación puede impedir la posibilidad de presentar cargos cuando los delitos investigados tienen plazos de prescripción. Además, la decertificación —mecanismo administrativo para impedir que un agente siga trabajando en otros cuerpos— suele depender de conclusiones definitivas en plazos que, si se exceden, dejan una puerta abierta para que el agente conserve la certificación y, por ende, la opción de empleo en otras agencias.

¿Qué soluciones proponen los actores involucrados?

Las propuestas oscilan entre pedir más fondos y reconfigurar procesos. Algunas alternativas concretas que han propuesto expertos y organizaciones son:

• Incrementar la dotación de equipos investigativos regionales para cubrir adecuadamente todo el territorio estatal.
• Establecer plazos intermedios obligatorios con reportes públicos que expliquen demoras justificadas por complejidad forense o pruebas nuevas.
• Crear mecanismos de coordinación con fiscales locales que permitan investigaciones paralelas limitadas o supervisadas cuando el estado asume la investigación, para acelerar recolección de pruebas.
• Implementar transparencia proactiva: actualizaciones públicas periódicas sobre el estatus de investigación y plazos estimados.

La cuenta pendiente: confianza y justicia

La intención original de trasladar al nivel estatal las investigaciones por disparos policiales fue honorable y respondió a una demanda social clara: garantizar imparcialidad y profesionalismo. Sin embargo, la ejecución ha mostrado que la mejor ley no basta si las estructuras, recursos y procesos no se ajustan para cumplir sus objetivos. Para muchas familias como la de David Couch, el problema no son las intenciones sino el tiempo: “Ahora? No sé”, dijo Jeanelle Couch sobre lo que significa justicia hoy para ella (CalMatters).

Reducir los atrasos no es solo un asunto administrativo: es una condición para que la justicia sea percibida como real y oportuna. Si la reparación y la resolución se postergan años, la promesa de una investigación independiente pierde valor frente al desgaste emocional, la erosión de la confianza pública y las barreras legales que la prescripción impone.

Las autoridades estatales enfrentan una disyuntiva: demostrar que la centralización puede ofrecer equilibrio entre imparcialidad y celeridad, o reconocer que sin una inversión seria en personal, infraestructura forense y transparencia los objetivos fundacionales de la reforma seguirán siendo una aspiración incumplida.