Formación policial comunitaria en Connecticut: un giro hacia la justicia procedimental y la reconciliación

Connecticut está dando un paso significativo en la manera de formar a sus policías: luego de seis años desde la aprobación de la Police Accountability Act de 2020, el estado impulsa un currículo comunitario destinado a oficiales que trabajan en y alrededor de zonas urbanas específicas.

Un currículo con la comunidad en el centro

En septiembre pasado, Connecticut contrató al Justice Collaboratory de la Yale Law School para diseñar un Programa de Capacitación en Compromiso Comunitario que se aplicará en Hartford, Bridgeport, New Haven y sus comunidades aledañas, cubriendo alrededor de 34 municipios. A diferencia de muchos programas previos —concebidos y entregados mayoritariamente desde los cuerpos policiales— este nuevo currículo se está desarrollando de manera participativa con aportes comunitarios directos.

Los tres ejes centrales del programa son: el reconocimiento y gestión del sesgo implícito en los oficiales; la reconciliación por daños históricos y recientes a las comunidades minoritarias; y la justicia procedimental, entendida como la calidad de las interacciones cotidianas entre policías y ciudadanos.

¿Por qué este cambio de enfoque?

Investigadores del proyecto y representantes estatales han señalado que gran parte de la formación vigente estaba desactualizada y, en muchos casos, se diseñó a partir de reacciones a incidentes mediáticos puntuales en lugar de atender las interacciones diarias que tensan la relación entre policía y comunidad.

Cassandra Ramdath, directora de investigación de la Justice Collaboratory, ha explicado que las preocupaciones recurrentes de la gente son “los encuentros pequeños y cotidianos”: paradas, tonos intimidantes, interrogatorios breves que no respetan la dignidad. Esos episodios, aunque no llegan siempre a los titulares, erosionan la confianza con el tiempo.

El diseño participativo busca, precisamente, que sean las comunidades las que definan qué significa la reconciliación en cada lugar y qué prácticas deben cambiar. Como dijo Jorge Camacho, director del proyecto en Yale, “la comunidad tiene que ayudarnos a entender qué significa reconciliar; no puede venir desde afuera ni imponerse de arriba hacia abajo” (The Connecticut Mirror).

Modelo 'train the trainers' y despliegue

El plan de implementación considerará un modelo de train the trainers: representantes de los departamentos policiales recibirán un programa de alrededor de ocho horas, que luego replicarán en sus respectivas agencias. Según las estimaciones del equipo desarrollador, el lanzamiento y la implementación empezarán a desplegarse en 2027.

Este enfoque busca multiplicar el alcance y asegurar que el contenido se adapte a las realidades locales. Además, el proceso se complementará con tres juntas consultivas comunitarias: una para revisar el desarrollo del currículo, otra para evaluar los planes de formación y una tercera para proporcionar retroalimentación sobre la ejecución de los entrenamientos.

Contenido práctico: de la teoría a la política operacional

Más allá de la sensibilización individual, los responsables del proyecto enfatizan la necesidad de traducir conocimientos en políticas que limiten riesgos en interacciones tensas. Un ejemplo práctico planteado por expertos implicaría que el oficial que arresta y maniata a una persona no sea el mismo que la transporte y tramite el proceso administrativo; así se reduce el contacto continuado que puede escalar la tensión.

El componente de justicia procedimental promueve prácticas simples pero poderosas: escuchar activamente, explicar las razones de una intervención y ofrecer vías claras para expresar dudas o reclamos. El objetivo no es evitar decisiones adversas —como una multa— sino garantizar que, aun ante un resultado negativo, la persona sienta que fue tratada con equidad y respeto. En palabras de Ernest Stevens, director colaborador con experiencia policial, “aunque el resultado sea negativo, si la persona se siente validada y tratada de manera justa durante el proceso, ese es el objetivo” (The Connecticut Mirror).

Sesgo implícito: políticas que minimizan el daño

La formación sobre sesgos implícitos se orientará menos a intentar cambiar pensamientos individuales —algo complejo y de resultados variables— y más a diseñar protocolos y procedimientos que reduzcan la posibilidad de malas interacciones. El enfoque es sistémico: cambiar procesos que tienden a reproducir discriminación incluso sin intención explícita.

Datos a nivel nacional muestran que intervenciones procedimentales bien diseñadas pueden disminuir la percepción de injusticia y la probabilidad de confrontaciones: por ejemplo, estudios sobre prácticas de desescalada y comunicación indican reducciones en quejas ciudadanas y en fuerza aplicada cuando existe entrenamiento continuo y acompañamiento institucional (ver análisis sobre policing reforms en Brookings Institution, 2021).

Reconciliación y memoria histórica

La tercera pata del currículo, la reconciliación, implica reconocer y abordar daños pasados y presentes. Esto puede incluir desde disculpas públicas y programas de reparación simbólica hasta cambios concretos en prácticas policiales recomendados por la propia comunidad.

Camacho y su equipo sostienen que la reconciliación variará según la historia y las prioridades locales: en algunos barrios podrá incluir ceremonias públicas y mesas de diálogo; en otros, políticas administrativas que limiten ciertos tipos de patrullaje y establezcan supervisión externa.

Contexto sensible: incidentes que exigen respuesta

El desarrollo del currículo ocurre en un momento de alta tensión en ciudades como Hartford, donde en 2024 dos hombres —Everard Walker y Stevie Jones— murieron por disparos de oficiales mientras atravesaban crisis de salud mental. Estos hechos reavivaron demandas comunitarias para revisar protocolos en llamadas relacionadas con salud mental y ampliar la colaboración con servicios sociales.

En respuesta a situaciones similares, muchos departamentos en Estados Unidos están explorando modelos de respuesta alternativa que incorporen trabajadores sociales y personal de salud mental como primeros intervinientes o apoyo complementario; la idea es que más policía no siempre signifique mejor resolución.

De la mentalidad 'guerrera' a la 'guardiana'

Los investigadores señalan un cambio cultural en la policía desde la década de 2000: una decadencia relativa de la mentalidad “guerrera” hacia una perspectiva más “guardiana”, orientada al servicio y la protección. Este giro no es automático ni uniforme, pero indica la dirección deseada por líderes policiales, académicos y muchas comunidades.

Además, el bienestar de los propios oficiales aparece como una prioridad para mejorar la relación con la comunidad: programas de salud mental, medidas contra el agotamiento y formación en comunicación pueden ayudar a reclutar y retener personal y, al mismo tiempo, reducir prácticas que generan conflictos.

Retos y preguntas abiertas

• Implementación y escala: ¿cómo garantizar que un curso de ocho horas genere cambios reales en la cultura institucional?
• Medición de impacto: ¿qué indicadores se usarán para evaluar si la formación reduce quejas, uso de fuerza o mejora la percepción ciudadana?
• Responsabilidad: ¿qué mecanismos existirán para asegurar que los componentes comunitarios realmente influyan en la práctica policial cotidiana?

La experiencia internacional y nacional sugiere que la formación aislada raramente transforma culturas organizacionales sin acompañamiento político, supervisión externa, incentivos y medición continua. Sin estos elementos, los riesgos son que la nueva capacitación quede como un requisito burocrático más.

Una oportunidad para redefinir el servicio

Sin embargo, el enfoque adoptado por Connecticut —diseño colaborativo, incorporación de voces comunitarias, énfasis en políticas que mitiguen riesgo y un modelo multiplicador de capacitación— ofrece una hoja de ruta con potencial real. Si se combina con transparencia, rendición de cuentas y evaluación pública, podría convertirse en un ejemplo replicable para otras jurisdicciones que buscan reconstruir confianza sin renunciar a la seguridad pública.

Como resume Ernest Stevens con su experiencia de tres décadas en labores policiales: “esto no debe ser únicamente para marcar casillas; debe dejar una impresión duradera” (The Connecticut Mirror). Esa impresión duradera será la que determine si la iniciativa logra su mayor promesa: transformar encuentros cotidianos en oportunidades recurrentes para construir confianza, y no en instantes que la erosionen.