Grecia cierra sus estadios hasta el 12 de febrero tras la violencia de los ultras del Olympiakos

El gobierno griego ha tomado una de las decisiones más drásticas de su historia reciente en materia de seguridad deportiva: todos los partidos de la Superliga de Grecia se celebrarán a puerta cerrada hasta el próximo 12 de febrero, una medida que se extiende también a los encuentros en casa de los equipos de segunda división filiales de clubes de la máxima categoría. La resolución, anunciada este lunes por el ejecutivo del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, llega tras una escalada de violencia protagonizada por grupos ultras que ha dejado a un agente de policía en estado crítico en una UCI.

Un policía en la UCI y un detenido de 18 años

El detonante inmediato de la medida fue el enfrentamiento del pasado jueves entre un grupo de seguidores del Olympiakos y agentes de la policía griega en las calles de Atenas. Durante los disturbios, un policía fue alcanzado por una bengala lanzada desde las filas de los ultras. El agente lleva ya cuatro días consecutivos en la unidad de cuidados intensivos y su estado sigue siendo crítico. Las autoridades detuvieron a un joven de 18 años que confesó ser el autor del lanzamiento.

No fue un incidente aislado. Solo días antes, el 3 de enero, hinchas del Olympiakos protagonizaron otro altercado grave, esta vez en el interior del estadio del Volos FC, después de que el árbitro anulara un gol del conjunto del Pireo. La combinación de ambos episodios en menos de una semana precipitó la respuesta gubernamental.

Las palabras del portavoz: "organizaciones criminales"

El portavoz del ejecutivo, Pavlos Marinakis, compareció ante los medios con un mensaje contundente y sin matices. "Los atletas, los aficionados y los ciudadanos no pagarán el comportamiento asesino de organizaciones criminales y la triste tolerancia de una mínima minoría de aficionados fanáticos", afirmó en rueda de prensa.

Marinakis calificó la situación de "problema crónico" que lleva décadas enquistado en la sociedad griega y aseguró que el gobierno realizará "intervenciones dinámicas" para erradicarlo de raíz. La elección del término "organizaciones criminales" no es casual: implica que las autoridades helenas consideran a determinados grupos ultras estructuras delictivas organizadas, lo que abre la puerta a investigaciones penales de mayor alcance más allá de las detenciones puntuales.

El Olympiakos en Europa League también afectado

La medida tiene un alcance que va más allá del campeonato doméstico. El portavoz confirmó que existe la posibilidad de extender el veto a los partidos europeos que disputen en casa los clubes griegos. De hecho, precisó que el partido del Olympiakos ante el Topola Backa serbio, correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Europa League, se celebrará igualmente a puerta cerrada.

Esta decisión tendrá un impacto económico directo y significativo para el Olympiakos, el club con mayor masa social de Grecia y uno de los más laureados de los Balcanes. Perder los ingresos por taquilla en un partido europeo en casa supone una pérdida que puede oscilar entre varios cientos de miles de euros, dependiendo del aforo ocupado en condiciones normales en el estadio Georgios Karaiskakis, con capacidad para más de 32.000 espectadores.

Cámaras de alta definición y control electrónico de identidad

El gobierno no se ha limitado a prohibir la presencia de público. Junto al veto temporal, ha impuesto a los clubes de la Superliga un conjunto de requisitos técnicos que deberán estar operativos en un plazo de dos meses. Concretamente, cada estadio tendrá que instalar:

• Cámaras de alta definición con cobertura integral de todos los accesos y gradas.
• Un sistema de entrada electrónico con control simultáneo de la identidad de cada aficionado en tiempo real.

Estas exigencias buscan crear un registro inequívoco de quién ocupa cada asiento en cada partido, lo que facilitaría la identificación y sanción de los responsables de altercados futuros. Marinakis fue explícito al respecto: "Los resultados de la ejecución de estas medidas serán evaluados", y advirtió de que, si los equipos no logran demostrar que pueden garantizar la seguridad tanto de los espectadores como de los futbolistas, el gobierno considerará prorrogar las restricciones más allá del 12 de febrero.

Un problema estructural con raíces históricas

La violencia en el fútbol griego no es un fenómeno nuevo. Desde los años 80, los grupos ultras vinculados a los grandes clubes, especialmente el Olympiakos, el Panathinaikos y el AEK Atenas, han protagonizado episodios de violencia dentro y fuera de los estadios que han costado vidas y han generado una imagen negativa del fútbol heleno a nivel internacional. La UEFA ha sancionado en múltiples ocasiones a clubes griegos por el comportamiento de sus aficionados, y el país ha visto cómo partidos de relevancia europea se disputaban con tribunas vacías o parcialmente cerradas como consecuencia de esas sanciones.

El caso más grave de la historia reciente tuvo lugar en 2007, cuando el árbitro Kyros Vassaras fue agredido tras un partido, desencadenando una crisis institucional que obligó a suspender temporalmente la competición. Desde entonces, los gobiernos sucesivos han intentado, con escaso éxito, implementar medidas estructurales de control.

La diferencia esta vez es el tono y el alcance de la respuesta. Al implicar directamente la palabra "criminal" y al hacer responsables a los propios clubes de la implantación de los sistemas de control, el ejecutivo de Mitsotakis apuesta por un modelo de corresponsabilidad que ya ha dado resultados en otros países europeos, como el Reino Unido tras los desórdenes de los años 80 o los Países Bajos en la pasada década.

El fútbol griego en el punto de mira europeo

La UEFA y el conjunto de las instituciones del fútbol europeo observarán con atención la respuesta griega. Si el partido de Europa League del Olympiakos se disputa efectivamente a puerta cerrada por decisión gubernamental y no por sanción del organismo europeo, se abrirá un precedente inédito en cuanto a la intervención directa del Estado en competiciones continentales. Hasta ahora, las sanciones de puerta cerrada en Europa han sido impuestas siempre por la UEFA tras un proceso disciplinario, no por decreto de un gobierno nacional.

El próximo 12 de febrero marcará un punto de inflexión. Si para esa fecha los clubes han instalado las infraestructuras exigidas y el gobierno considera satisfactorias las garantías de seguridad, el fútbol griego podrá recuperar a su público. En caso contrario, el estadio vacío podría convertirse en el paisaje habitual de la Superliga durante semanas o meses adicionales, con un coste deportivo, económico e institucional que ningún club del país puede permitirse a largo plazo.