Venezuela: facilitador minimiza suspensión de diálogos

CARACAS (AP) — El principal facilitador de las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela minimizó la decisión del mandatario Nicolás Maduro de no participar esta semana en una nueva ronda de conversaciones, mientras el líder opositor Juan Guaidó llamó la noche del jueves a elevar las presiones para lograr una pronta salida a la crisis.

En una entrevista con The Associated Press, Dag Nylander, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, dijo que está en contacto con ambas partes para encontrar una nueva fecha para reanudar las conversaciones que buscan abrir un proceso de diálogo y lograr una salida pacífica a la crisis venezolana.

Maduro dijo el miércoles por la noche que decidió no enviar delegados a la isla caribeña de Barbados, donde se reanudarían las conversaciones el jueves, en protesta por la decisión de la administración de Donald Trump de congelar todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y permitir al Departamento del Tesoro sancionar a cualquier persona, empresa o entidad que ayude a la administración venezolana. Asimismo, el mandatario decidió someter a revisión el mecanismo de las conversaciones que comenzaron en mayo y que se habían retomado en julio tras varias semanas de suspensión.

Al condenar las nuevas sanciones, Maduro afirmó que Estados Unidos “se volvió loco y metió una puñalada trapera al alma de Venezuela, a la vida económica de Venezuela”, y acusó a la oposición de aplaudir las medidas.

En abierto reto a sus adversarios, el gobernante izquierdista instó a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y al resto de los poderes públicos a activar una “contraofensiva” para “hacer justicia frente a los vende patria y los traidores”.

El Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por el gobierno, se sumó a las voces de condena a las sanciones y anunció el jueves en un comunicado que está dispuesto a “castigar con severidad cualquier intento de apoyar a sectores que tengan como propósito limitar las necesidades básicas de nuestro pueblo”.

"Noruega está facilitando el proceso de negociación a solicitud de los principales actores políticos en Venezuela y programa todas las reuniones en función de la disponibilidad de las partes”, dijo Nylander. “Estamos en contacto con ellos con respecto a las próximas reuniones. La facilitación continúa bajo el principio de que a las partes les gustaría y que hay perspectivas realistas de una solución negociada que pueda beneficiar al pueblo venezolano”, precisó.

Del lado de la oposición, la decisión del gobierno fue recibida entre críticas. Guaidó acusó a la delegación oficialista de levantarse de la mesa “para evitar llegar a un mecanismo institucional que le ponga fin al sufrimiento de los venezolanos”.

En un video que difundió en redes sociales, el jefe de la Asamblea Nacional afirmó que con el retiro a último momento de las negociaciones el gobierno demostró “no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer una transición ordenada”.

Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, señaló a Maduro de buscar “chantajear” a la comunidad internacional con las sanciones y sostuvo que lo que le duele a la cúpula del oficialismo es que “no se les puede tocar el bolsillo”.

“Sin presión no habrá solución”, dijo el dirigente al llamar a la comunidad internacional, a la población y la fuerza arma a incrementar las presiones contra Maduro para que “ofrezca” y “acepte” una solución real a la crisis.

Las sanciones de Washington fueron rechazadas el jueves por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien manifestó su profunda preocupación por el “impacto potencialmente severo” que tendrían las medidas en los derechos humanos de los habitantes de la nación suramericana azotada por una profunda crisis económica con una hiperinflación de seis dígitos, una severa escasez de alimentos y medicinas y una fuerte recesión.

Bachelet dijo en un comunicado que temía que las sanciones “tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales”.