Masacre en Colombia: ONG piden a corte frenar "impunidad"

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Human Rights Watch y Robert F. Kennedy Human Rights pidieron el martes a la Corte Constitucional de Colombia que se garantice la investigación de la “masacre de El Tandil” en la que murieron siete civiles hace cuatro años y que a la fecha “continúa impune”, según reclamaron las ONG.

La masacre ocurrió el 5 de octubre de 2017 en medio de una protesta en la que participaban más de 300 campesinos contra la erradicación forzada de hoja de coca y la falta de implementación del acuerdo firmado entre el gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en El Tandil, zona rural de Tumaco, municipio fronterizo con Ecuador.

Las dos organizaciones de derechos humanos alegaron que “las autoridades colombianas deben garantizar investigaciones independientes e imparciales en contra de los agentes de policía presuntamente responsables” de la masacre y por tanto solicitaron que sea la justicia ordinaria la que continúe investigando los hechos, según detallaron el martes en un comunicado.

La Corte Constitucional debe resolver un conflicto de competencias y por tanto determinar si la investigación debe ser llevada a cabo por la justicia ordinaria o por la Justicia Penal Militar, donde se encuentra actualmente.

The Associated Press consultó a la Justicia Penal Militar a través de su oficina de prensa sobre el avance de la investigación sin obtener una respuesta de inmediato.

“Las muertes habrían sido resultado de la intervención policial que, para disolver la protesta, de forma desproporcionada e indiscriminada, hizo uso de munición letal, gases lacrimógenos y aturdidoras”, indicaron José Miguel Vivanco, en representación de Human Rights Watch, y Kerry Kennedy, en representación de Robert F. Kennedy Human Rights, en la intervención ante la Corte Constitucional conocida por la AP.

En enero de 2019, la Fiscalía imputó cargos contra dos oficiales de la Policía y del Ejército por el presunto delito de homicidio. Ninguno aceptó los cargos.

El día en el que ocurrió la masacre, en la que también se registraron 20 heridos, el Ejército y la Policía indicaron en un comunicado que las indagaciones preliminares señalaban como responsables a una de las disidencias de las extintas FARC. “Lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”, explicaron.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos de los colombianos, advirtió que después de verificar en terreno se requería de una investigación especial debido a miembros del pueblo indígena Awá les dijeron que “fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”.

Human Rights Watch indicó a la Corte Constitucional que “tuvo acceso a declaraciones tomadas por funcionarios públicos a dos familiares de víctimas que corroboraron” dicha versión sobre la presunta participación de policías de la dirección de Antinarcóticos en los hechos.

Además, HRW señaló que el 8 de octubre una “misión humanitaria internacional de verificación”, integrada por miembros de ONG, organizaciones humanitarias y periodistas, “fue atacada por miembros de la Policía Antinarcóticos con gases lacrimógenos y disparos” cuando intentaban ingresar a la zona rural de El Tandil.

La erradicación forzada de hoja de coca es una de las estrategias bandera del actual gobierno de Colombia para frenar el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país. En 2020 reportaron una cifra récord de más 130.000 hectáreas de coca erradicadas, según información oficial.