La batalla legal por la inmigración: Carolina del Norte, Florida y el retorno del enfoque Trumpista

Un nuevo frente migratorio en Estados Unidos

En medio de un panorama político cada vez más polarizado, dos estados del sur de Estados Unidos —Carolina del Norte y Florida— han vuelto a colocar el tema migratorio en el centro del debate nacional, reformulando leyes que obligan a las autoridades locales colaborar estrechamente con agencias federales de inmigración. Pero, ¿qué motivaciones políticas hay detrás? ¿Qué riesgos implica para los derechos civiles? ¿Y está este giro legal bajo el espectro del “efecto Trump”? Analizamos un tema que, más que jurídico, es profundamente ideológico.

Carolina del Norte: del desacuerdo a la imposición legal

En diciembre de 2024, una controvertida ley entró en vigor en Carolina del Norte obligando a los sheriffs locales a retener por hasta 48 horas a ciertos detenidos sospechosos de estar en el país sin documentación, con el fin de permitir a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recogerlos. La medida fue aprobada tras la anulación del veto del entonces gobernador demócrata Roy Cooper, gracias a que los republicanos gozan de una mayoría suficiente para ignorar vetos del ejecutivo.

No obstante, dicha ley no fue suficiente para algunos legisladores, como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Destin Hall, quien ha liderado una expansión legislativa aún más estricta. Su argumento central: algunos sheriffs, especialmente en condados de mayoría demócrata como Mecklenburg, donde el sheriff Garry McFadden ha sido señalado por ICE, aún no cumplen 'el espíritu de la ley'.

“Este proyecto corrige cualquier vacío legal percibido y resuelve un problema peligroso en este estado,” declaró Hall antes de la votación que concluyó 70-45.

El caso Florida: una ley que choca con la Constitución

Simultáneamente, en Florida, el gobernador Ron DeSantis—aliado clave de Donald Trump—impulsó una legislación que convertía en delito menor el ingreso al estado de personas indocumentadas que eludieran controles migratorios. Sin embargo, esta medida recibió inmediatamente duras críticas por parte de defensores de los derechos civiles, y fue detenida temporalmente por la jueza federal Kathleen Williams. La jueza argumentó que la ley violaba la cláusula de supremacía de la Constitución estadounidense, ya que usurpaba funciones que son competencia exclusiva del gobierno federal.

Organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y la Florida Immigrant Coalition presentaron una demanda que llevó a la orden de restricción temporal. A dicha causa se sumaron reportes de abusos, como la detención de ciudadanos estadounidenses por parte de la Highway Patrol, lo cual incrementó la presión sobre el sistema judicial para intervenir.

El abogado de la ACLU, Oscar Sarabia Román, declaró en audiencia: “Nombrar individualmente a las 373 agencias de aplicación de la ley del estado sería inviable. La orden de la juez debería tener suficiente autoridad para impedir que la policía haga cumplir una ley inconstitucional.”

De Trump a las legislaturas estatales: un retorno al discurso antiinmigrante

La coincidencia de estas maniobras legislativas no puede desligarse del contexto político nacional. En un año electoral, los republicanos apuestan nuevamente por endurecer el discurso antiinmigrante como herramienta de movilización electoral. El presidente Trump utilizó medidas similares durante su mandato, como la política de “tolerancia cero,” que derivó en la separación de miles de familias en la frontera sur, y más recientemente el Laken Riley Act, que obliga a detener a inmigrantes sin documentos acusados de robo o crímenes violentos.

Estos conceptos se filtran ahora a las legislaturas estatales. En palabras del representante republicano Carson Smith, ex sheriff del condado de Pender: “La legislación estatal debe alinearse con los esfuerzos de Washington para evitar que criminales sean liberados de las cárceles locales.”

Repercusiones en comunidades migrantes

Activistas proinmigrantes alertan sobre el peligro inminente de estas políticas. Mario Alfaro, representante del grupo El Pueblo en Carolina del Norte, advirtió: “Estos proyectos de ley amplifican narrativas antiinmigrantes, incrementan el riesgo de perfiles raciales y generan desconfianza hacia las fuerzas del orden.”

Las consecuencias prácticas se pueden observar en cómo personas acusadas (pero no condenadas) son retenidas únicamente por su estatus migratorio sospechoso. Esto rompe con principios fundamentales del derecho estadounidense como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Además, múltiples estudios señalan una desconexión entre inmigración y criminalidad. El Cato Institute, por ejemplo, reveló en 2018 que los inmigrantes indocumentados cometen proporcionalmente menos crímenes violentos que los ciudadanos estadounidenses nativos en Texas, uno de los pocos estados con estadísticas desagregadas por estatus migratorio.

El pulso judicial: estados vs. Constitución

La jueza Williams no solo expresó su intención de autorizar una orden preliminar contra la ley de Florida, sino que también afirmó que esta “claramente aplica a todas las agencias de aplicación de ley del estado”, rebatida por el fiscal general James Uthmeier. La controversia escaló cuando Uthmeier primero pidió a las agencias no cumplir la ley, pero luego retractó en un segundo memo defendiendo su legalidad.

¿Quién gana en este tira y afloja? La respuesta aún pende de decisiones mayores sobre el alcance de la cláusula de supremacía y puede acabar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya en años anteriores (caso Arizona v. United States de 2012) reafirmó que el control migratorio es atribución exclusiva del gobierno federal.

¿Un nuevo estándar nacional?

El peligro latente está en que estos precedentes estatales podrían establecer una nueva práctica, donde cualquier estado puede, a nombre de la seguridad o cumplimiento del orden, implantar mecanismos de detención sin filtros judiciales adecuados. En este contexto, la colaboración con ICE se vuelve coercitiva, y no deliberada.

Por ejemplo, la nueva versión del proyecto de ley en Carolina del Norte establece que incluso delitos menores como conducción bajo los efectos del alcohol justificarían una notificación obligatoria a ICE, ampliando peligrosamente el margen de aplicación de la ley. En palabras de Hall: "El mensaje debe ser claro: si estás aquí ilegalmente y cometes un delito, no vas a volver libremente a la calle."

Una política de miedo o una estrategia de orden

Más allá de su eficacia real, estas leyes parecen responder más a intereses políticos que a necesidades prácticas. No existe una correlación demostrada entre la no cooperación con ICE y un incremento del crimen. Por el contrario, la desconfianza entre comunidades inmigrantes y cuerpos policiales puede llevar a una menor colaboración con investigaciones locales y a una percepción institucional erosionada.

Ya en 2019, el American Immigration Council advertía que políticas de cooperación obligatoria con ICE en cárceles locales no solo “socavan la confianza de la comunidad”, sino que además no contribuyen de manera significativa a la seguridad pública.

La importancia de las decisiones locales

Esta pugna también pone de manifiesto una tensión entre autoridades locales y estatales. Sheriffs como McFadden sostienen que su prioridad no es actuar como brazo operativo de ICE, sino proteger a sus comunidades preservando la confianza pública. La imposición obligada de notificar a ICE rompe ese vínculo.

Mientras tanto, la nueva administración demócrata en Carolina del Norte encabezada por el gobernador Josh Stein deberá decidir si aplica su poder de veto, aunque en la actualidad los republicanos carecen ya de la mayoría absoluta para sobreponerse sin contestación.

Una narrativa electoral con consecuencias humanas

No es coincidencia que estas reformas surjan en años electorales. Avivar el miedo al “otro” es históricamente eficaz en campañas populistas. De igual forma, utilizar ejemplos individuales de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados como justificante de políticas masivas es una técnica frecuente pero estadísticamente irreal.

Estos cambios legales, si bien acompañados de discursos de “seguridad”, profundizan la división social y arriesgan derechos fundamentales bajo la excusa del orden público. Detrás de cada medida está la vida de miles de personas que pueden enfrentarse a la deportación sin una condena penal previa.