60 años de la Ley de Derecho al Voto: ¿Está retrocediendo la democracia en EE.UU.?
A seis décadas de su promulgación, la emblemática Ley de Derecho al Voto enfrenta ataques judiciales y políticos que amenazan con desmantelarla por completo.
El legado de una ley histórica
El 6 de agosto de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson firmó, con Martin Luther King Jr. detrás de él, uno de los documentos más relevantes en materia de derechos civiles en la historia de Estados Unidos: la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act). Aquel acto fue el fruto de años de lucha encabezada por activistas negros y sus aliados, y puso fin a prácticas discriminatorias concebidas para evitar que los afroamericanos, en particular en el sur del país, ejercieran su derecho al voto.
Johnson rompió con la tradición al acudir al Capitolio para firmar la ley, como gesto simbólico de respeto por el Congreso que se jugó la reelección respaldando la legislación. "Fue el día en el que realmente nació nuestra democracia", señalaron muchos posteriormente, dado que por primera vez se garantizaba en la práctica lo que la Constitución prometía en teoría desde 1870 con la ratificación de la 15.ª Enmienda.
¿Qué problemas solucionó la Ley de Derecho al Voto?
La legislación fue diseñada para contrarrestar décadas de exclusión de votantes afroamericanos mediante herramientas como:
- Pruebas de alfabetización que solo se exigían a votantes negros en estados como Alabama y Mississippi.
- Impuestos al voto (poll taxes) que debían pagarse para acceder a las urnas.
- La cláusula del abuelo, donde había exenciones para blancos cuyos abuelos habían podido votar antes de 1867—un derecho negado a los descendientes de esclavos.
- Violencia e intimidación, incluyendo linchamientos.
Sobre todo, la ley introdujo la "precertificación" (preclearance), que requería la aprobación federal previa para cualquier cambio en el sistema electoral de aquellos estados con un historial de discriminación. Esto impidió que los estados ajustaran distritos o leyes para suprimir el voto sin supervisión.
El punto de inflexión: La decisión Shelby v. Holder
En 2013, la Corte Suprema de EE.UU. emitió una sentencia (Shelby County v. Holder) que anuló la fórmula de cobertura de la Ley de Derecho al Voto, eliminando el requisito de precertificación. La votación fue 5-4, con el argumento de que la discriminación ya no era tan severa como en 1965.
Sin embargo, en menos de 24 horas, estados como Texas y Carolina del Norte aprobaron estrictas leyes de identificación de votantes y recortaron horarios y locaciones para el voto anticipado. La organización Brennan Center for Justice estimó que, solo en 2020, al menos 7 millones de votantes se vieron afectados por nuevas restricciones estatales.
El debilitamiento silencioso desde los tribunales
Uno de los ataques recientes más graves vino en 2023, cuando el 8.º Circuito de Apelaciones determinó que organizaciones o individuos privados no tienen legitimidad para demandar por violaciones a la Ley de Derecho al Voto. Esta postura fue reforzada por otra decisión del 3.º Circuito bajo el mismo argumento.
Según el Voting Rights Initiative de la Universidad de Michigan, el 87% de las demandas interpuestas desde 1982 bajo la Sección 2 de la ley (usada para combatir la dilución del voto de las minorías) fueron impulsadas por entidades privadas—entre ellas el NAACP, la ACLU y comunidades indígenas.
De eliminar dicha capacidad, solo el Departamento de Justicia (DOJ) podría presentar demandas. "El problema es que durante la administración Trump el DOJ cambió su enfoque para centrarse en el fraude electoral sin base comprobada, ignorando sistemáticamente las denuncias legítimas frente a supresión del voto", dijo Sophia Lin Lakin, directora del proyecto de derecho al voto de ACLU.
Peleas judiciales en camino: Luisiana y Dakota del Norte
Dos casos emblemáticos pendientes ante la Corte Suprema podrían marcar el punto de inflexión final hacia la neutralización de la ley:
- Caso de Luisiana: Se discute si crear un segundo distrito electoral con mayoría negra, como ordenó un tribunal, constituye una violación a la 14.ª y 15.ª Enmienda. Este caso reflejaría el destino de la Sección 2.
- Caso de los pueblos indígenas en Dakota del Norte: Los Turtle Mountain Band of Chippewa y los Spirit Lake Tribe lograron crear un distrito conjunto tras argumentar una representación injusta. Sin embargo, esa victoria fue revocada por el 8.º Circuito, enfrentando ahora una posible anulación definitiva.
"Es preocupante que la Corte esté planteando si es constitucional crear distritos que realmente representen a la mayoría negra o indígena. Estamos en peligro de institucionalizar de nuevo la supresión del voto, solo que con aval judicial", expresó Robert Weiner, del Lawyers’ Committee for Civil Rights.
La resistencia sigue: victorias temporales de comunidades minoritarias
Un destello de esperanza provino en 2024 cuando las tribus Turtle Mountain y Spirit Lake lograron, en un hecho sin precedentes, formar un distrito legislativo común en Dakota del Norte. Collette Brown, miembro de la legislatura estatal resultado del nuevo mapa, resumió el impacto: "Me sentí reconocida. Es hora de educar desde dentro para dejar de ser silenciados".
Brown lideró leyes que permitieron mecanismos de alerta sobre indígenas desaparecidos y fondos para la repatriación de restos ancestrales, mostrando que cuando las minorías logran representación, las prioridades cambian.
Retroceso político: el nuevo enfoque del Congreso y el DOJ
Con el Congreso controlado parcialmente por republicanos hostiles a proyectos como la Ley John Lewis (propuesta para restaurar el preclearance), las reformas federales no avanzan. En paralelo, el DOJ bajo el mandato de Pam Bondi abandonó varias demandas relacionadas con derechos electorales y dirigió su atención a teorías infundadas de fraude.
Una orden ejecutiva firmada por Donald Trump buscaba introducir requisitos de ciudadanía documentada, a pesar de que prácticamente no existen pruebas de voto por parte de no ciudadanos. A la par, al menos 19 estados recibieron solicitudes del DOJ para entregar datos de registro y supuestas irregularidades. Todo ello busca justificar legislaciones que restringen el acceso al voto.
¿Una democracia a la carta?
Sean Morales-Doyle, del Brennan Center, lo resume con claridad: "En los últimos 10 años, el acceso al voto depende cada vez más de en qué estado vivas". Mientras California, Colorado o Illinois han expandido el voto con registro automático y derechos a exconvictos, estados como Texas, Georgia y Florida impulsan leyes para restringir la participación, especialmente entre jóvenes y comunidades de color.
Una democracia desigual, donde millones de personas enfrentan más obstáculos simplemente por su lugar de residencia, parece incompatible con los ideales fundacionales de EE.UU.
Y sin embargo, a 60 años de aquella foto de Johnson y King, la pregunta esencial que plantea Demetria McCain del Legal Defense Fund permanece más vigente que nunca:
“Estamos en una encrucijada crítica. ¿Tendrá nuestra democracia 70 años o 60 será su punto final?”
