El caso de Luis García Villagrán: ¿activismo migrante o tráfico humano?

Un arresto que sacudió al activismo migrante en México

La detención reciente de Luis García Villagrán, reconocido activista y abogado defensor de migrantes en México, ha abierto una grieta en la narrativa del gobierno sobre la protección de los derechos humanos de las personas en tránsito. ¿Fue un intento legítimo de desmantelar una red de tráfico humano o una represalia enmascarada contra el activismo incómodo para las autoridades?

El 1 de julio de 2024, García Villagrán fue arrestado en Tapachula, Chiapas, acusado de tráfico de personas. Sin embargo, menos de una semana después, un juez ordenó su liberación por falta de pruebas suficientes. Desde entonces, el caso no ha hecho más que polarizar opiniones dentro y fuera del país, y desenmascarar contradicciones profundas en el manejo de la política migratoria mexicana.

¿Quién es Luis García Villagrán?

García Villagrán es director del Centro de Dignificación Humana A.C., una organización reconocida por la Secretaría de Gobernación, y se ha ganado notoriedad por acompañar y organizar caravanas de migrantes que cruzan desde Centroamérica hacia el norte del país con destino a Estados Unidos. Estas marchas masivas se han convertido en un mecanismo de protección frente a los peligros que enfrentan los migrantes: crimen organizado, trata, extorsión, y abusos de autoridades.

“No pertenecemos al crimen organizado, pertenecemos a una asociación legalmente establecida para la defensa de los derechos humanos”, dijo García Villagrán tras ser liberado del penal.

La intervención judicial que desató la polémica

El juez Jonathan Izquierdo, con sede en Tapachula, consideró que no había pruebas suficientes para vincular a proceso a García Villagrán por tráfico de personas. El caso, según sus palabras, se sustentaba más en especulaciones que en evidencias contundentes.

No obstante, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, calificó la decisión como una “aberración jurídica” y anunció que su oficina apelará el fallo. “Nunca había visto algo así”, aseguró durante una conferencia matutina en la que también participó la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Activista o traficante? Una línea cada vez más difusa

Las acusaciones contra García Villagrán no son nuevas. De hecho, según la Fiscalía, había una orden de aprehensión en su contra desde hace varios años. Entre los cargos, se le señala como el responsable de obtener documentación falsa para facilitar el tránsito de migrantes y ser promotor de las llamadas caravanas.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum aseguró en conferencia que “no es un activista, sino alguien vinculado al tráfico de personas”, en una frase contundente que generó aún más controversia dentro del círculo de derechos humanos.

Migrantes entre la espada y la pared

El contexto no puede ignorarse: México ha intensificado su control migratorio desde 2019, tras la firma de acuerdos con el gobierno de Donald Trump y luego, de Joe Biden. Desde entonces, la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración han sido desplegados en la frontera sur y en varios puntos del país para contener la migración irregular.

Este endurecimiento ha llevado a que activistas, como García Villagrán, se conviertan muchas veces en la única línea de defensa para miles de personas vulnerables que intentan llegar al norte escapando de violencia, pobreza o persecución.

No obstante, también ha habido múltiples reportes señalando que redes de traficantes se han infiltrado en esas mismas caravanas para lucrarse de la desesperación migrante, aprovechando la visibilidad mediática y la presión humanitaria para mover personas y hasta mercancías.

Caravanas: ¿estrategia de protección o corrupción?

Las caravanas migrantes han sido una estrategia de protección colectiva para evitar asaltos y secuestros. Algunas de las más grandes han llegado a movilizar hasta 7,000 personas simultáneamente, como ocurrió en 2018 y 2019. Sin embargo, cuando se interrumpen legalmente las posibilidades de tránsito regular por México, estas formaciones terminan siendo también caldo de cultivo para otras actividades ilícitas.

En 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó más de 3,600 casos de abusos contra migrantes en su tránsito por México. De estos, una cantidad significativa correspondía a agresiones por parte de agentes de seguridad y migración.

El caso de García Villagrán también pone sobre la mesa el papel de la sociedad civil en medio de una política migratoria que sigue sin definir claramente entre contención y protección. Cuando las instancias oficiales fallan, ¿quién llena ese vacío?

Criminalización del activismo, ¿una tendencia creciente?

La criminalización del trabajo de defensores de derechos humanos tiene un largo historial en América Latina. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado cómo los gobiernos, sobre todo en contextos de presión internacional, optan por reprimir el activismo mediante demandas penales sin fundamentos sólidos.

En México no es la primera vez que se presentan casos similares. En 2021, el padre Alejandro Solalinde también fue objeto de investigaciones por su labor con migrantes en Oaxaca, aunque nunca llegó a ser arrestado.

“Cuando el activismo cuestiona el actuar del Estado, se convierte en una amenaza”, señaló recientemente la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

Estados Unidos, el actor omnipresente

Es imposible entender la política migratoria mexicana sin tomar en cuenta la influencia que tiene Estados Unidos. Desde 2018, las amenazas de aranceles y cancelación de acuerdos comerciales han generado en México una respuesta de endurecimiento fronterizo que contradice el discurso de defensa de los derechos humanos.

En 2023, México detuvo a más de 677,000 migrantes irregulares, la cifra más alta de su historia, según datos del Instituto Nacional de Migración. Muchos de ellos fueron devueltos a sus países de origen sin un debido proceso, denuncian activistas.

“Presionados por EE. UU., optaron por criminalizar la migración y ahora también a quienes la protegen”, dijo recientemente el analista político Alfredo Figueroa en entrevista para Proceso.

Una narrativa oficial en disputa

El caso de Villagrán también ha despertado un debate sobre el control del relato político. Por un lado, Sheinbaum y su gobierno quieren demostrar firmeza ante el tema de tráfico de personas. Por otro lado, organizaciones sociales, activistas y parte de la opinión pública perciben un retroceso democrático y una creciente intolerancia para con la crítica.

Con un juicio pendiente de apelación y la figura de García Villagrán en el centro del huracán, el país se enfrenta a una elección simbólica: ¿protege a los defensores o permite su silenciamiento bajo acusaciones infundadas?

Lo cierto es que este caso puede marcar un antes y un después en el tratamiento legal hacia quienes trabajan por los derechos de las personas migrantes. Según los expertos, sentará un precedente clave tanto para el activismo como para las prácticas judiciales del Estado mexicano.