El renacer de los bares en Carolina del Norte y la batalla legal por la equidad

Un fallo inesperado a favor de los bares independientes

El viernes pasado, la Corte Suprema de Carolina del Norte resucitó la esperanza de bares y tabernas que reclaman haber sido tratados injustamente durante las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Las demandas, presentadas por propietarios de bares y asociaciones del sector, alegan que las órdenes ejecutivas emitidas en ese entonces por el exgobernador Roy Cooper violaron sus derechos al permitir que restaurantes y cervecerías siguieran operando mientras ellos debían mantener sus puertas cerradas.

Más allá del aspecto legal, estas decisiones abren una caja de Pandora sobre cómo las políticas de emergencia sanitaria afectaron de manera desproporcionada a ciertos sectores, especialmente al de los pequeños negocios dedicados al entretenimiento nocturno.

La pandemia y su impacto desigual

Las primeras órdenes de clausura comenzaron en marzo de 2020. Si bien todos entendíamos la necesidad de controlar la propagación del virus, la política aplicada provocó una desigualdad evidente: mientras los restaurantes podían seguir operando bajo ciertas condiciones e incluso servir alcohol, los bares tradicionales tenían que mantenerse completamente cerrados.

Muchos de estos bares —algunos familiares, otros con décadas de tradición— intentaron resistir, pero finalmente fueron empujados hacia una ruina económica que aún pesa sobre ellos. Aunque las restricciones terminaron en mayo de 2021, sus efectos siguieron resonando.

¿Quién decide qué es justo?

Según el fallo de la Corte Suprema, las demandas deben continuar porque hay fundamentos constitucionales que merecen ser explorados. De los siete jueces del tribunal, cinco conservadores votaron a favor de permitir que los casos avancen. Uno de los argumentos centrales es que los derechos al trabajo y a ganarse la vida —establecidos en la Constitución estatal— podrían haber sido violados.

“Reconocemos que la pandemia fue un periodo caótico”, escribió el Magistrado Presidente Paul Newby. “Pero el Gobernador no fue la única persona enfrentando incertidumbre. Los pequeños empresarios cerraron obedientemente sus puertas sin saber cuándo podrían volver a operar plenamente”.

Datos que refuerzan el argumento

• Más de 1,000 bares en Carolina del Norte fueron afectados por las órdenes del 2020.
• Las cervecerías, gracias a ciertas ambigüedades legales, pudieron operar parcialmente desde el verano de ese mismo año.
• El estado eliminó todas las restricciones para bares solo en mayo de 2021.

Estas cifras evidencian una política inconsistente que ahora será revisada en tribunales, no con el objetivo de revocar medidas sanitarias pasadas, sino de evaluar si causaron una desigualdad insostenible.

Una industria desprotegida

En palabras de Zack Medford, presidente de North Carolina Bar and Tavern Association: “Desde el principio nunca pedimos un trato especial, solo un trato igualitario”. En paralelo, Chuck Kitchen, abogado que representa a un grupo de propietarios, celebró la posibilidad de presentar su caso ante un tribunal.

Y es que durante la pandemia, los bares se enfrentaron a más que simples pérdidas económicas. Hubo negocios que nunca volvieron a abrir, empleados que no pudieron conseguir otros trabajos y una industria de entretenimiento nocturno que entró en un coma inducido por políticas protectoras pero también discriminatorias.

El problema de la legalidad selectiva

Mientras tanto, los abogados defensores del exgobernador Roy Cooper insisten en que las decisiones se tomaron basándose en estudios científicos y datos de salud pública disponibles. Sin embargo, ¿puede una emergencia justificar la desigualdad?

"Las órdenes fueron necesarias para proteger miles de vidas cuando no existía aún una vacuna," argumentaron desde la oficina del Fiscal General del estado.

Pero los críticos advierten contra lo que llaman "legalidad selectiva": aplicar restricciones basadas en criterios no siempre consistentes y muchas veces opacos. Cuando restaurantes podían operar a puertas cerradas con licencias de alcohol y los bares no, queda la pregunta sobre si se trató de una estrategia sanitaria o de una decisión arbitraria.

Las tensiones entre derechos y salud pública

La disidencia dentro de la Corte Suprema fue clara. Las magistradas demócratas Allison Riggs y Anita Earls se opusieron a las decisiones de permitir el avance de las demandas, señalando que estas implican una intervención judicial excesiva en decisiones tomadas por las autoridades electas. Earls fue especialmente mordaz:

"La mayoría se otorga a sí misma una licencia para cuestionar decisiones políticas, reevaluar sacrificios y suplantar decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo”.

Este tipo de tensiones alimenta un debate cada vez más necesario: ¿cómo equilibramos el derecho individual con la salud colectiva?

Un precedente para otros estados

Este caso no solo es relevante para Carolina del Norte. De avanzar y obtener un fallo favorable para los bares, podría establecer un precedente para otros estados en los que también existieron desigualdades sectoriales durante la pandemia.

Ya existen demandas similares en estados como California, Texas y Nueva York, lo que refleja una tendencia legal que podría cambiar el modo en que los poderes públicos diseñan políticas para futuras emergencias sanitarias.

Mucho más que copas y licencias

Los bares son frecuentemente vistos como centros de ocio, pero su papel económico y social va mucho más allá. Representan empleo para miles, son espacios comunitarios relevantes e incluso sostenedores de barrios enteros. A nivel nacional, se estima que la industria de bares y tabernas en EE.UU. generaba más de 26 mil millones de dólares en ingresos anuales antes de la pandemia (Statista, 2020).

En Carolina del Norte, más del 10% de los bares no volvió a abrir tras el levantamiento de las restricciones, según cifras del Departamento de Comercio estatal. Esta cifra representa una pérdida no solo económica sino también cultural.

¿Compensaciones a la vista?

Ahora que las demandas avanzan, la posibilidad de que el estado deba pagar indemnizaciones crece. Aunque no se han establecido montos, la posibilidad está abierta. Lo que está en juego no son solo los dólares; es el mensaje de que las decisiones estatales, por más urgentes que parezcan, deben pasar el test de justicia y equidad.

El futuro del caso

A partir del fallo, los demandantes pueden ahora presentar pruebas, recoger testimonios, y posiblemente enfrentarse a un juicio. Con una elección al Senado en ciernes, Cooper —ahora candidato— probablemente preferirá mantenerse en silencio sobre un tema que puede polarizar a votantes.

Aunque todo indica que el camino legal será largo, lo que ya parece inevitable es que este caso servirá de termómetro para evaluar cómo se deben manejar las próximas emergencias, y a quién se debe proteger primero: si al colectivo... o también al pequeño empresario que sobrevive vendiendo tragos tras una barra.