La batalla por el voto: cómo una ley centenaria intentó silenciar a los votantes negros en Carolina del Norte

Un fallo histórico: el caso que sacude a Carolina del Norte

Una decisión unánime de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos ha puesto fin a una de las leyes más oscuras y antiguas de Carolina del Norte, una normativa que criminalizaba a las personas con antecedentes por delitos graves si votaban antes de completar todas las etapas de su sentencia, incluso si no sabían que era ilegal hacerlo.

Este fallo, emitido el pasado viernes, confirma lo ya decretado previamente por la jueza federal Loretta Biggs en abril de 2024, quien consideró dicha legislación como discriminatoria y de impacto desproporcionado contra votantes negros. “Este remanente de Jim Crow ya no podrá utilizarse como arma contra nuestras comunidades”, celebró Melvin Montford, director ejecutivo del Instituto A. Phillip Randolph en Carolina del Norte.

Orígenes de la ley: la sombra de 1877

La ley en cuestión fue introducida en 1877, justo después del periodo de Reconstrucción, y fue reforzada en 1899, en un momento en que los políticos locales consolidaban métodos legales para restringir el sufragio negro tras la Guerra Civil. Esta legislación prohibía de manera absoluta que una persona condenada por un delito grave pudiera votar hasta que culminara su castigo, incluyendo prisión, libertad condicional o supervisión.

Si bien en 1971 se promulgó una nueva constitución estatal que eliminó muchas disposiciones abiertamente racistas, la norma fundamental contra el voto de los exconvictos no sufrió cambios sustanciales, lo cual, según sentenció la jueza DeAndrea Gist Benjamin en su opinión, implica que “la mancha de su origen discriminatorio sigue presente”.

Discriminación estructural: datos sobre el impacto racial

Los demandantes del caso, entre ellos organizaciones de derechos civiles y sindicatos de trabajadores afroamericanos, argumentaron con éxito que esta ley afectaba de manera desproporcionada a ciudadanos negros debido al sistema de justicia criminal históricamente prejuicioso en Estados Unidos.

• En Carolina del Norte, el 21% de la población es afroamericana.
• Sin embargo, representan más del 40% de las personas encarceladas y con libertad condicional.
• Cientos de ciudadanos fueron acusados o investigados entre 2015 y 2023 por votar sin saber que debían esperar a la restauración plena de sus derechos.

La Corte escuchó testimonios sobre personas que fueron disuadidas de registrarse nuevamente para votar por temor a ser enjuiciadas. Así, esta ley no solo creaba confusión, sino que tuvo un efecto dominó represor en comunidades vulnerables.

Una grieta legal entre el pasado y el presente

El estado había modificado la norma en 2023, añadiendo una cláusula que especificaba que para que alguien pudiera ser acusado, debía saber conscientemente que estaba infringiendo la ley. Esta modificación entró en vigor en enero de 2024. Sin embargo, no se derogó expresamente la versión anterior, lo que dejó una ventana para que personas que votaron años atrás aún fueran susceptibles de procesamiento según las antiguas reglas.

Así se abrió la posibilidad legal para el recurso judicial presentado por los demandantes en 2020. La Corte falló que no bastaba con actualizar la ley sin anular la versión vieja; hacerlo mantenía viva la amenaza sobre potenciales votantes afroamericanos que ya habían sido castigados una vez por el Estado.

La opinión de la Corte: una lectura moderna de una injusticia histórica

La jueza federal DeAndrea Gist Benjamin explicó en su fallo que los orígenes históricos de la ley eran irrefutablemente racistas y que sus efectos modernos también lo eran. “La raíz contaminada de este estatuto y su aplicación reciente no pueden ser desenterrados del terreno moral donde fueron plantados”, escribió.

Este argumento no es nuevo. Durante décadas, activistas por los derechos civiles han denunciado que muchas leyes estatales norteamericanas siguen reflejando injusticias estructurales que datan de la era posterior a la esclavitud y los primeros años de la Reconstrucción.

No en vano, Carolina del Norte tiene una historia complicada en cuanto al acceso electoral —una que incluye desde impuestos al voto y pruebas de alfabetización, hasta intimidación directa— todas aplicadas preferentemente contra ciudadanos afroamericanos.

¿Qué significa esto para los derechos civiles hoy?

Este fallo representa una gran victoria dentro del esfuerzo por proteger y expandir los derechos de voto en Estados Unidos. La lucha legal es parte de una estrategia más amplia para eliminar los obstáculos institucionales que dificultan la participación democrática de ciertos grupos.

Como resaltó Montford, esta sentencia “manda un mensaje claro de que el uso del sistema de justicia para perseguir el derecho al voto será combatido con todo el peso constitucional.”

Además, impone un nuevo estándar legal: nadie puede ser criminalizado por ejercer su derecho al voto si no sabía que estaba infringiendo la ley. Esta interpretación no solo cambia el paradigma legal en Carolina del Norte, sino que podría replicarse en otros estados con leyes similares.

Unidades en conflicto: el papel del Gobierno y la Corte

El fallo también expone fracturas entre las instituciones estatales. Aunque la Junta Electoral Estatal fue una de las demandadas, admitió durante el juicio que la base legal de la antigua ley era indefendible. Aun así, el Departamento de Justicia del estado defendió la ley en tribunales, lo cual generó tensiones internas notables.

El portavoz del Departamento de Justicia indicó, tras el fallo, que están revisando la decisión y que posibles apelaciones ante el pleno del Cuarto Circuito o incluso la Corte Suprema federal, no están descartadas. Pero el fallo está vigente, y efectivamente prohíbe al estado utilizar la vieja ley para enjuiciar la conducta pasada.

¿Qué sigue para los exconvictos?

Desde enero de 2024, el panorama ha cambiado legalmente. Los exconvictos en Carolina del Norte ahora recuperan su derecho al voto automáticamente una vez finalizada toda su condena. No deben temer ser arrestados si se registran para votar nuevamente, siempre que crean de buena fe que su castigo ha concluido.

Aún así, organizaciones civiles recomiendan que los ciudadanos sigan siendo precavidos. Aunque no hay registro masivo de persecuciones, sí se documentaron más de 441 casos entre 2015 y 2019 de personas investigadas o acusadas bajo este precepto arcano. La simple amenaza bastaba para inhibir su participación política.

Jim Crow no fue abolido, solo disfrazado

Este caso sirve de ejemplo sobre cómo muchas leyes que parecen “neutras” en el papel, tienen orígenes y aplicaciones profundamente racistas. No es casualidad que muchas de estas normas resurgieron tras Reconstruction como respuestas legislativas del Sur profundo para desmantelar los derechos políticos recién adquiridos por los afroamericanos.

Estas leyes no solo pretendían regular el voto, sino controlar quién pertenece al cuerpo político en Estados Unidos. Como lo demuestran las pruebas aportadas al juicio, fueron herramientas conscientes para suprimir la voz negra en las urnas. La anulación de esta ley representa, por tanto, algo más que una victoria técnica: es un paso moral hacia un sistema electoral verdaderamente democrático.

El futuro: una lección y una advertencia

La decisión judicial supone un precedente vital. Múltiples estados tienen legislaciones parecidas —algunas más punitivas— que penalizan a exconvictos por participar del proceso democrático. A medida que más casos similares lleguen a la justicia federal, esta sentencia podría actuar como faro legal.

Sin embargo, organizaciones como la ACLU o el Southern Poverty Law Center ya advirtieron que la vigilancia ciudadana será clave para evitar regresiones. Como nación, Estados Unidos continúa lidiando con su pasado esclavista y segregacionista, cuya herencia aún define partes de su estructura legal.

Esta victoria en Carolina del Norte es un llamado a revisar no solo las leyes presentes, sino su historia. Porque la democracia se defiende no solo en las urnas, sino también en los tribunales.