¿El fin de la Ley de Derecho al Voto?: Una amenaza silenciosa a la democracia estadounidense
El futuro de los derechos electorales de las minorías pende de un hilo mientras la Corte Suprema se perfila a debilitar la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto
Una Corte Suprema que redefine los límites
La Corte Suprema de Estados Unidos ha dejado claro que está considerando limitar severamente uno de los pilares restantes de la Ley de Derecho al Voto de 1965, específicamente la Sección 2. Esta disposición ha sido históricamente esencial para garantizar representación política a los votantes afroamericanos y latinos en el país, particularmente en estados con un historial de discriminación electoral.
Durante décadas, esta ley ha obligado a los estados a diseñar distritos legislativos que permitan a las minorías elegir representantes de su preferencia. Sin embargo, un creciente bloque conservador en la Corte está dando indicios de que planean cambiar eso, desatando un efecto dominó que podría moldear —o romper— el mapa político de EEUU para los años venideros.
Un caso clave: Louisiana en el centro del debate
La controversia actual gira en torno al estado de Louisiana, donde un tribunal federal ordenó la creación de un segundo distrito con mayoría negra, bajo la lógica de que la población afroamericana del estado —que constituye el 33% de la población— no estaba equitativamente representada. Sin embargo, los demandantes llevaron el caso hasta la Corte Suprema, bajo el argumento de que dicha orden representaba una intromisión injusta en los asuntos electorales estatales.
Si la Corte falla a favor de los demandantes, este segundo distrito podría desaparecer o redibujarse para favorecer a los republicanos. Peor aún, podría establecerse un precedente nacional para eliminar u obstaculizar la creación o mantenimiento de distritos con mayoría de minorías en otros estados.
El impacto potencial: del Congreso a los gobiernos locales
Un análisis realizado por el grupo demócrata Fair Fight identificó hasta 19 distritos congresuales en el sur de Estados Unidos, actualmente controlados por demócratas gracias a la Sección 2, que podrían ser redibujados para beneficiar al Partido Republicano.
Las implicaciones no se limitan únicamente al Congreso. Según señala el experto legal Kareem Crayton, del Brennan Center for Justice, cerca del 75% de los casos relacionados con esta sección afectan a niveles de gobierno municipal o estatal: desde concejos escolares hasta comisiones de condado, pasando por asambleas estatales.
“Son los espacios más cercanos a la gente, donde la política tradicional toma forma y donde las voces de las minorías encuentran representación real”, afirma Crayton.
¿Qué significa esto para el equilibrio de poder en el Congreso?
Actualmente, los republicanos controlan la Cámara de Representantes por un estrechísimo margen de solo tres votos. En ese sentido, incluso un pequeño número de escaños adicional podría garantizar su mayoría en las elecciones intermedias de 2026 y más allá.
“Cada asiento importa,” dijo Jonathan Cervas, politólogo de Carnegie Mellon., quien ha desarrollado mapas de redistribución para varios casos que involucraban la Ley de Derecho al Voto. Aun así, Cervas advierte que no se deben sobreestimar las ganancias potenciales para los republicanos: “Hay techos muy reales”.
La trampa de la ‘discriminación inversa’
Repúblicanos en varios estados han argumentado que la Sección 2 los obliga a participar en lo que llaman discriminación inversa, pues deben tomar en cuenta factores raciales al momento de mapear distritos electorales, lo cual —según ellos— choca con la Constitución.
“Estamos condenados si lo hacemos y condenados si no lo hacemos”, explicó la fiscal general de Louisiana, Elizabeth Murrill.
Este argumento ha ganado fuerza en tribunales con una composición más conservadora que en décadas anteriores, y se alinean con una tendencia jurídica reciente que favorece una interpretación más restrictiva de leyes afirmativas, incluido el reciente fallo contra la Acción Afirmativa en admisiones universitarias.
Resistencia desde el Congreso: voces que se alzan
Miembros del Congressional Black Caucus expresaron su alarma tras los argumentos presentados ante la Corte este miércoles. Trás una rueda de prensa, el representante Troy Carter (D-LA) declaró:
“Si quitas los elementos que permiten que la democracia se vea como su gente, no quedará nada de democracia. Lo que tendremos será una oligarquía disfrazada.”
También la congresista por Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, advirtió: “Eliminar la Sección 2 abrirá la puerta a un rediseño extremo y estratégico de distritos para silenciar votos afroamericanos y latinos.”
¿Y ahora qué? Calendarios, elecciones y 2026
Las elecciones de medio término de 2026 están a la vuelta de la esquina, pero las consecuencias legales de un fallo sobre la Sección 2 podrían no sentirse inmediatamente. Los calendarios electorales estatales dificultan una implementación inmediata de nuevos mapas.
Aun así, los republicanos están llevando a cabo una fiebre de redistribuciones internas (mid-decade redistricting), impulsados por el deseo del expresidente Donald Trump de maximizar el número de escaños en caso de regresar al poder.
En estados como Carolina del Norte o Florida, el mapa podría rediseñarse para eliminar completamente distritos de mayoría minoritaria, según expertos. Mientras tanto, en lugares como Tennessee o Missouri, el cambio sería limitado debido a la concentración extrema de votantes demócratas en áreas urbanas como Memphis o St. Louis.
El precedente histórico y lo que está en juego
La Ley de Derecho al Voto de 1965 fue una pieza legislativa fundamental del movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King Jr. Su objetivo era eliminar barreras racistas al sufragio, como las pruebas de alfabetización, impuestos de votación y el rediseño deliberado de distritos para diluir el voto negro.
Desde su implementación, ha sido modificada y debilitada en múltiples ocasiones, siendo el caso más notable Shelby County v. Holder en 2013, cuando se invalidó la Sección 5, que obligaba a ciertos estados a obtener preaprobación del gobierno federal para cambiar leyes electorales.
La Sección 2 es la última línea de defensa sustancial. Perderla sería, según Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara y primer afroamericano en ese cargo: “un desmantelamiento silencioso de nuestros derechos civiles más sagrados.”
La democracia ante un dilema existencial
El temor compartido por muchos líderes políticos es que, más allá de los efectos inmediatos en el Congreso, el debilitamiento de la Sección 2 llevaría a un país donde las coaliciones de raza y clase social ya no tendrían mecanismos eficaces para influir en la política local.
Incluso si en algunos distritos los republicanos no ganan, los votantes de comunidades afroamericanas, latinas e indígenas podrían ver desaparecer su capacidad de decidir quién los representa. Serían ciudadanos atrapados en una democracia que les da un papel simbólico, pero sin poder real.
A medida que la Corte Suprema se acerca a un veredicto, los ciudadanos de Estados Unidos tienen que enfrentar una pregunta elemental: ¿Qué tipo de democracia quieren preservar?
Como dijo Troy Carter: “Si esta decisión borra nuestros rostros de los mapas políticos, podría borrar también nuestras voces. Y eso sería la muerte lenta de la democracia.”