El legado tóxico de Libby: Asbesto, negligencia corporativa y una batalla judicial que podría marcar historia

Libby es un pequeño pueblo en el noroeste de Montana que durante décadas pareció tranquilo, rodeado de naturaleza y encapsulado en las montañas. Sin embargo, bajo esa aparente calma reposaba una amenaza mortal: asbesto. La historia de Libby no es solo una de negligencia ambiental, sino de una batalla legal y humana en curso que podría sentar un precedente judicial crucial para miles de víctimas.

Décadas de polvo tóxico: el inicio del desastre

Durante muchos años, Libby fue el sitio de una importante mina de vermiculita, un mineral utilizado ampliamente en productos de aislamiento. Lo que los residentes no sabían era que esta vermiculita estaba contaminada con un tipo altamente tóxico de asbesto, un material que puede causar enfermedades pulmonares incurables como mesotelioma, asbestosis y diversos tipos de cáncer.

El asbesto se dispersó por todos lados: campos de béisbol, jardines, patios escolares y, sobre todo, en el patio ferroviario de BNSF Railway, la red ferroviaria encargada de transportar el mineral. El polvo quedaba suspendido en el aire o se adhería a la ropa y zapatos, acompañando a los residentes incluso a sus casas.

El rostro humano de la tragedia: Joyce Walder y Thomas Wells

Joyce Walder y Thomas Wells, quienes fallecieron en 2020 debido a mesotelioma, son dos de las muchas víctimas que simbolizan esa tragedia. Walder vivió en Libby durante su niñez y se trasladó luego a California. Wells pasó un par de veranos trabajando para el Servicio Forestal en los años 70, viviendo cerca del patio ferroviario contaminado.

Ambos desarrollaron mesotelioma décadas después, una enfermedad que, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), puede tardar entre 20 y 50 años en manifestarse después de la exposición. La conexión con el asbesto era clara, pero ¿quién era responsable?

BNSF bajo el microscopio

En 2021, los familiares de ambos fallecidos presentaron una demanda federal contra BNSF Railway, argumentando que la empresa no solo transportó la vermiculita contaminada, sino que también mantuvo un patio ferroviario en malas condiciones que contaminó el aire, el suelo y la salud de los libbeses.

En 2024, un jurado federal en Helena, Montana, falló a favor de los demandantes, determinando que la compañía debía pagar $4 millones a cada familia como compensación. Sin embargo, BNSF apeló, alegando que estaban protegidos por la “inmunidad de transportista común”, un estatuto federal que los exime de responsabilidad por los bienes que transportan, sin importar su peligrosidad.

¿Transportistas o cómplices?

El punto clave del litigio es si BNSF operaba únicamente como transportista o también tenía responsabilidad activa sobre la toxicidad del entorno. Según la jueza estatal Amy Eddy, “todos los tribunales que han considerado el caso han determinado que BNSF actuaba más como un socio comercial de W.R. Grace (la empresa minera), que como un simple transportista”.

La defensa de BNSF insiste en que desconocían los efectos mortales del asbesto en ese tiempo y que los materiales fueron etiquetados como peligrosos solo años después. Pero los documentos presentados por los abogados de las víctimas muestran que W.R. Grace etiquetó cargamentos desde al menos 1977 como peligrosos, y los empleados de BNSF tuvieron acceso a dicha información.

Las cifras detrás del desastre

• Desde 1999 hasta 2020, la tasa de muertes por enfermedades ligadas al asbesto en el condado de Lincoln (donde está Libby) fue más de 10 veces mayor que en cualquier otro condado de Montana, según los CDC.
• La EPA declaró a Libby como sitio de Superfondo federal en 2002.
• Más de 200 demandas adicionales se encuentran pendientes en distintos tribunales a la espera del resultado de esta apelación.

El poder del precedente

Si el tribunal de apelaciones revierte la decisión del jurado de 2024, los $8 millones en compensación podrían evaporarse. Aún más preocupante, cientos de otras demandas pendientes podrían caer antes incluso de ser escuchadas, blindando a la empresa bajo una capa legal.

Esto genera alarma entre los activistas ambientales y abogados de derechos civiles, quienes sostienen que este caso expandirá o limitará considerablemente el alcance de la responsabilidad corporativa en casos de contaminación.

Una ciudad marcada permanentemente

Hoy, Libby intenta seguir adelante. Un parque conmemorativo honra a las víctimas del asbesto; una clínica reabrió para ayudar a los afectados, aunque bajo intensas presiones legales tras una demanda por fraude presentada por BNSF. Sin embargo, el polvo del pasado aún no se ha asentado.

Judith Hemphill, hermana de Joyce Walder, reflexiona: “Si hay dinero [de las compensaciones], no será en nuestra vida”. Para ella y para muchos, más allá del dinero, se trata de justicia y de sentar un precedente que impida que otros pueblos sufran lo que Libby sufrió.

Memoria, dolor y resiliencia

Jackson Wells, el hijo de Thomas, dice que piensa en su padre todos los días. No en el proceso legal, sino en el hombre que perdió debido a una tragedia que pudo haberse evitado. “Para él no se trataba del dinero. Era su forma de cuidar de esta comunidad que tanto le impactó”, dijo en una entrevista telefónica.

Más allá de los tecnicismos legales y las maniobras judiciales, el caso de Libby habla de una verdad poderosa: el derecho a vivir en un entorno limpio, a respirar sin miedo, y a no ser invisible para los tribunales cuando una corporación decide priorizar sus ingresos por encima de la salud comunitaria.