¿Silenciar la sociedad civil? La ofensiva contra ONGs en Túnez tras la Primavera Árabe

En una decisión que ha generado preocupación en el ámbito internacional, un tribunal tunecino ha ordenado la suspensión por un mes del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES). Esta medida se suma a la reciente prohibición temporal contra la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD), una de las organizaciones feministas más reconocidas en el país. El creciente cerco a las organizaciones de la sociedad civil en Túnez refleja un panorama cada vez más sombrío para los derechos humanos, las libertades civiles y la participación ciudadana en una nación que alguna vez fue el ejemplo más prometedor de los frutos de la Primavera Árabe.

Del optimismo revolucionario al autoritarismo silencioso

Tras la revolución de 2011 que derrocó al dictador Zine el-Abidine Ben Ali, Túnez fue considerado un modelo exitoso de transición democrática. Surge entonces una vibrante sociedad civil que desempeñó un papel crucial en la construcción de la nueva república y en la vigilancia del poder. Sin embargo, desde que el presidente Kais Saied asumió la totalidad de los poderes del Estado en julio de 2021 —suspendiendo el Parlamento y tomando el control del gobierno—, diversas fuentes han denunciado una erosión continuada e inquietante de las libertades logradas con tanto esfuerzo.

En los últimos dos años, numerosas ONGs y asociaciones civiles han sido objeto de inspecciones fiscales, presiones judiciales y campañas de desprestigio. La narrativa del gobierno, basada en la acusación de “intervención extranjera” y “financiamiento foráneo desestabilizador”, se ha convertido en una herramienta para justificar la represión de actores críticos.

¿Por qué apuntar al FTDES?

Romdhane Ben Amor, vocero del FTDES, sostiene que la suspensión tiene motivaciones políticas. Según él, se trata de una cortina de humo para desviar la atención de problemas estructurales que enfrenta el país, como las protestas medioambientales en Gabes y la creciente crisis de migración. También menciona la postura crítica del FTDES frente a la campaña gubernamental de enjuiciar a líderes de la oposición bajo juicios definidos como casos de “conspiración contra la seguridad del Estado”.

“Es otro intento de estigmatizar a los defensores de los derechos individuales y sociales”, afirmó Ben Amor en declaraciones públicas.

Fundado en 2011, el FTDES se ha destacado por su labor en denunciar las desigualdades sociales, defender los derechos de los migrantes y monitorear el impacto de las políticas económicas neoliberales en la población vulnerable. Ha sido particularmente vocal en denunciar las fallidas políticas laborales que dejaron en el abandono a regiones enteras como la del cinturón fosfatero en el sur del país.

Contexto de represión: el caso de la ATFD

Días antes de que se suspendiera al FTDES, el mismo tribunal ordenó que la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas cesara sus actividades por un mes. Fundada en 1989, la ATFD ha luchado por los derechos de las mujeres en Túnez y ha resistido tanto al régimen de Ben Ali como al ascenso del islam político posterior a la Primavera Árabe. Integrantes de la organización han denunciado amenazas, acoso y vigilancia policial desde 2021.

En conjunto, estas decisiones representan un ataque directo a las voces críticas, sobre todo a aquellas que cuestionan el proyecto de consolidación autoritaria del actual presidente. Kais Saied ha acusado en varias oportunidades a sus detractores de estar al servicio de potencias extranjeras y de promover agendas que atentan contra la estabilidad nacional.

¿Una conspiración o una estrategia de control?

El régimen de Saied ha encontrado en el discurso contra la injerencia extranjera una justificación efectiva para reprimir sin generar fuertes reacciones internacionales. La crítica a los fondos internacionales, muy comunes en países que dependen de la cooperación para el desarrollo, se convierte así en el vehículo perfecto para demonizar a la sociedad civil.

Desde 2022, el gobierno ha lanzado múltiples auditorías financieras y tributarias contra ONGs, periodistas y asociaciones educativas. Algunas de ellas han terminado en procedimientos judiciales, otras en cierres por presuntos incumplimientos legales derivados de irregularidades mínimas. Este patrón refleja lo que muchos expertos denominan “lawfare” o guerra jurídica: el uso de las leyes e instituciones como armas políticas.

Ambiente hostil para ONG: el contexto jurídico y social

En agosto de 2023, se propuso una nueva reforma legislativa que exigía a todas las ONGs declarar con antelación la fuente de su financiamiento extranjero y obtener aprobación expresa del ministerio del Interior para su uso. Aunque la propuesta aún no ha sido aprobada, generó preocupación en organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

De aprobarse, esta ley haría inviable el funcionamiento independiente de muchas asociaciones que dependen de cooperación internacional para operar. Muchas ya enfrentan retrasos arbitrarios en la recepción de fondos bancarios o restricciones para adquirir bienes y servicios.

El ambiente también se ha deteriorado a nivel social. Periodistas críticos han denunciado campañas de intimidación. Las redes sociales se han llenado de mensajes anónimos que llaman “traidores” o “enemigos del Estado” a los activistas. La polarización política ha sido avivada por discursos oficiales que acusan a la sociedad civil de querer desestabilizar el país.

Protestas sociales en Gabes y la conexión ambiental

El telón de fondo más inmediato para esta ola represiva es la creciente ola de protestas ambientales en Gabes, ciudad portuaria del sur que ha sido durante décadas escenario de una grave contaminación derivada de la producción de fosfatos. En semanas recientes, ciudadanos de Gabes han bloqueado carreteras, marchado hacia el complejo industrial y exigido medidas urgentes ante niveles récord de enfermedades vinculadas a la polución química.

El FTDES ha acompañado estas protestas, documentado casos de contaminación y denunciado el abandono del gobierno local. Esto lo ha convertido en blanco fácil para la narrativa oficial que busca a los “culpables” de la supuesta desestabilización.

Un espejo para la región

Lo que ocurre en Túnez no es un caso aislado. Según el informe del Civicus Monitor, la región de África del Norte y el Medio Oriente continúa registrando un creciente cierre del espacio cívico. En países como Egipto, Argelia y ahora Túnez, los gobiernos han desplegado un modelo híbrido de control basado en represión legal, campañas de propaganda y vigilancia digital.

En este contexto, la suspensión de organizaciones como el FTDES y la ATFD representa una advertencia: incluso democracias jóvenes consideradas modelos de éxito pueden caer en dinámicas autoritarias si la vigilancia ciudadana, la libertad de organización y el apoyo internacional disminuyen.

¿Qué sigue para el activismo tunecino?

El FTDES ha anunciado que apelará la decisión judicial. Mientras tanto, continúa operando en redes internacionales y manteniendo su sede virtualmente activa a través de comunicados y actividades en línea. La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, que financia varios de sus programas, ha guardado hasta ahora un silencio precavido pero que, de mantenerse, podría interpretarse como complicidad.

En palabras de Ben Amor:

“El silencio de los aliados democráticos puede ser tan peligroso como la represión del poder.”

El desenlace de esta situación revelará mucho sobre la dirección que tomará Túnez en el futuro inmediato. La pregunta sigue en el aire: ¿la Primavera Árabe de Túnez fue un ciclo cerrado o apenas una pausa entre capítulos más oscuros?

El activismo no se detiene

Pese al entorno hostil, diversas voces siguen activas en el terreno: desde asociaciones barriales hasta organizaciones juveniles y académicas. La lucha por los derechos humanos continúa, aunque ahora con más riesgos. Por eso, el caso del FTDES debe ser visto no como una excepción, sino como el termómetro de un país que, 13 años después de su revolución, todavía pelea por definir quiénes pueden hablar, organizarse y proponer otro modelo de país.