Democracia en Tensión: La Batalla Legal por el Derecho al Voto y la Protección de Migrantes en EE.UU.

La lucha por el voto en EE.UU.: ¿Quién define las reglas?

En una decisión crucial que resonará en la historia reciente de la democracia estadounidense, la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly bloqueó el intento del expresidente Donald Trump por modificar el formulario federal de registro de votantes para incluir una prueba documental de ciudadanía. La intención de esta exigencia, según argumentaba el entonces mandatario y sus aliados, era restaurar la confianza pública en el proceso electoral; sin embargo, el fallo dictaminó que tal acción viola la Constitución. “La Constitución asigna la regulación electoral tanto al Congreso como a los Estados. El Presidente no tiene autoridad para imponer estos cambios”, escribió la jueza. Este caso no es un incidente aislado. Forma parte de una serie de desafíos legales y mediáticos que buscan establecer nuevas reglas sobre la elegibilidad para votar, una cruzada que muchas organizaciones pro derechos civiles han calificado como un intento sistemático de supresión del voto.

Una batalla legal en curso

El fallo otorga una victoria parcial a grupos como el Comité Nacional Demócrata (DNC) y organizaciones de derechos civiles, al prohibir de forma permanente la exigencia de prueba de ciudadanía al registrarse para votar usando el formulario federal. La sentencia también impide a la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. (EAC, por sus siglas en inglés) implementar tales requerimientos. Aunque esta parte de la batalla parece decidida, el caso en sí continúa en tribunales. En juego están otros elementos del decretazo de Trump, como la exigencia de que todos los votos por correo sean recibidos (no solo matasellados) antes del cierre del Día de las Elecciones.

El espectro de la intervención federal

Históricamente, el diseño del sistema electoral estadounidense ha otorgado un rol preponderante a los estados. Cada uno determina sus reglas para el registro de votantes, fechas y métodos. Si bien el formulario federal de inscripción —establecido bajo la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993— facilita la inscripción nacional, el agregar nuevos requisitos como pruebas documentales ha sido foco de tensión entre intereses legislativos estatales y federales. Recordemos que en 2013, la Corte Suprema invalidó una importante sección de la Ley de Derecho al Voto de 1965, lo cual abrió la puerta para que múltiples estados implementaran leyes restrictivas como el requisito de identificación con foto para votar. Hoy, volver a introducir más exigencias desde un poder como la presidencia pone nuevamente en juego esa delicada balanza constitucional.

Protección (o persecución) en los tribunales: el caso de las cortes como “zonas seguras”

Paralelamente, en el estado de Illinois, una nueva legislación aprobada busca prohibir a agentes federales realizar arrestos migratorios civiles cerca de tribunales locales. La ley no solo busca limitar ese tipo de detenciones, sino que permite la presentación de demandas por parte de quienes crean que sus derechos constitucionales han sido violados en estos procesos, abriendo también la puerta a compensaciones por prisión indebida. Para la senadora estatal Celina Villanueva, co-autora de la medida: “Nadie debería tener que elegir entre buscar justicia y arriesgar su libertad. Los tribunales deben ser espacios para testificar, resolver disputas y apoyar a nuestros seres queridos, no lugares de intimidación o miedo”. Este tipo de legislación ha sido debatida a nivel nacional. California, por ejemplo, prohibió estas prácticas en 2017 y publicó guías claras para los jueces y oficiales judiciales. Connecticut siguió el ejemplo en 2023, estableciendo restricciones similares e incluso limitando el uso de cubrebocas tácticos que ICE solía emplear para evitar identificación.

¿Es esto constitucional?

Aunque la ley de Illinois podrá ser firmada por el gobernador demócrata JB Pritzker, enfrenta incertidumbre legal. El presidente del Senado estatal, Don Harmon, admitió que el reto constitucional será difícil: “No se trata solo de la constitucionalidad en sí —que creemos es sólida— sino del hecho de que los tribunales están apilados en contra nuestro”. Aquí se alude a la creciente impresión de que la judicatura federal, repleta de jueces nombrados bajo gobiernos republicanos, podría fallar en contra de este tipo de reformas. El Departamento de Seguridad Nacional ya ha advertido que “no hay santuarios legales donde esconderse de las leyes migratorias”.

Trump y Nigeria: religión, agenda política y geopolítica

Si bien el eje de esta historia gira en torno al sistema judicial y electoral, es imposible ignorar cómo Donald Trump ha seguido moldeando discursos ligados a religión e inmigración, incluso después de su salida del cargo. Recientemente declaró a Nigeria como “país de especial preocupación” por supuestos casos de persecución religiosa, en particular contra cristianos. “El cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria”, dijo en una publicación. No obstante, analistas y organismos independientes contradicen esta visión. Si bien es cierto que cristianos han sido blancos de ataques en Nigeria, la mayoría de las víctimas de grupos armados en el norte del país —como Boko Haram o Estado Islámico en África Occidental— son musulmanes. El gobierno nigeriano ya ha rechazado tales declaraciones como un intento distorsionador de la realidad. Cabe destacar que Nigeria fue incluida por primera vez en esta lista en 2020, pero fue retirada en 2023 como parte de un intento de mejorar relaciones bilaterales. Ahora, Trump busca revivir este discurso quizás con intenciones de corte electoral, apelando a su base religiosa y conservadora.

Un panorama polarizado

Lo que estos tres temas —los requisitos de ciudadanía para votar, la protección a inmigrantes en tribunales y el uso político de designaciones internacionales— comparten es un fondo común: la lucha ideológica por definir los principios y valores que regirán la democracia estadounidense del siglo XXI. Están en pugna dos visiones:

• Una normativa rígida, nacionalista y restrictiva, enfocada en “defender” los valores tradicionales, la ciudadanía y un control férreo de fronteras y procedimientos.
• Una visión de derechos expansivos, multiculturalismo y protección a poblaciones históricamente vulnerables, que aboga por el acceso a la justicia y la participación electoral libre de barreras arbitrarias.

En el fondo, todo apunta a la pregunta clave de nuestro tiempo: ¿quiénes son realmente los “ciudadanos” con pleno acceso a los derechos y mecanismos de poder? Sobre las respuestas a esta pregunta se articula buena parte del destino político de Estados Unidos.

El camino por delante

La batalla no está cerrada. Aunque los fallos judiciales recientes puedan significar victorias para los defensores de derechos civiles, la dinámica política, jurídica y propagandística sigue activa y volátil. El uso de los tribunales como campo de batalla político, la designación geopolítica de enemigos según agendas internas y la supuesta defensa de valores cristianos en contextos internacionales son partes del mismo rompecabezas. Tan solo entre 2013 y 2021, más de 400 leyes relacionadas con restricciones al voto o cambios al registro fueron introducidas en legislaturas estatales, según la Brennan Center for Justice. En 2023 y lo que va de 2024, la tendencia continúa, con nuevas propuestas alimentadas por teorías de fraude ampliamente desacreditadas pero poderosas desde el discurso político. En palabras del historiador y jurista norteamericano Alexander Keyssar: “El derecho al voto en Estados Unidos siempre ha sido una conquista continua, no una garantía irrevocable”. Y hoy, más que nunca, el país parece debatirse entre retroceder en esas conquistas… o afirmarlas como base de su futuro.