¿Activismo o terrorismo? El caso Umar Khalid y la justicia en la India de Modi

Un fallo que reaviva el debate sobre la democracia en India

El 5 de enero de 2026, la Corte Suprema de India rechazó otorgar libertad bajo fianza a Umar Khalid y Sharjeel Imam, dos conocidos activistas estudiantiles musulmanes, arrestados hace casi cinco años por una presunta conspiración en los disturbios religiosos de Delhi en 2020. Aunque otros acusados del caso sí recibieron la fianza, el máximo tribunal consideró que Khalid e Imam tenían un “papel central en la conspiración”.

La decisión ha reavivado un áspero debate en torno al uso de leyes antiterroristas como la Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), empleada históricamente para combatir insurrecciones armadas y que hoy, según críticos, sirve para reprimir el disentimiento político.

¿Qué ocurrió en febrero de 2020?

La capital de India, Nueva Delhi, fue escenario de una serie de protestas masivas contra la controvertida Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA) aprobada en 2019, la cual introdujo criterios de ciudadanía que, según expertos y organizaciones de derechos humanos, discrimina a los musulmanes.

En este contexto de tensión, estallaron enfrentamientos violentos en el noreste de Delhi entre musulmanes que protestaban contra la ley y grupos nacionalistas hindúes pro-gobierno. El saldo: al menos 53 personas muertas, la mayoría musulmanas, y cientos de heridos.

La policía de Delhi, subordinada en gran parte al Ministerio del Interior del gobierno de Narendra Modi, rápidamente culpó a líderes musulmanes de instigar la violencia, entre ellos Khalid e Imam.

¿Quiénes son Umar Khalid y Sharjeel Imam?

• Umar Khalid es un exlíder estudiantil de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) en Nueva Delhi. Licenciado en historia, se convirtió en una de las voces más notorias contra el creciente hindutva (ideología nacionalista hindú) dentro del sistema político indio.
• Sharjeel Imam, también activista y exestudiante de la Universidad Jawaharlal Nehru, fue uno de los oradores más prominentes en las manifestaciones contra la CAA, especialmente en Shaheen Bagh, un campamento de protesta liderado por mujeres musulmanas que se convirtió en símbolo de resistencia pacífica.

La prisión preventiva como herramienta de represión

Desde su arresto en 2020 bajo la ley UAPA, tanto Khalid como Imam han permanecido detenidos sin que inicie un juicio formal. Esta ley permite la detención prolongada de sospechosos sin necesidad de presentar pruebas contundentes de manera inmediata, retrasando el inicio del juicio hasta que las autoridades lo consideren pertinente, lo cual ha derivado en años de prisión preventiva para varios acusados.

El abogado de Khalid argumentó ante la Corte que no existe vínculo directo entre su cliente y los actos violentos, y que la evidencia presentada por la policía consiste mayormente en grabaciones descontextualizadas de discursos políticos y declaraciones de terceros.

Censura disfrazada y preocupación internacional

La detención de Khalid e Imam ha llamado la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que ven en el caso un patrón preocupante de represión sistemática contra voces críticas.

Amnistía Internacional calificó su detención como un “ejemplo emblemático del colapso del sistema de justicia india”, mientras que expertos de Naciones Unidas han señalado que este tipo de medidas “violan derechos fundamentales como el debido proceso, libertad de expresión y asociación”.

La respuesta tampoco ha sido silenciosa desde el Congreso de Estados Unidos: ocho legisladores estadounidenses escribieron a la embajada india en Washington pidiendo un juicio justo y expedito para Khalid, destacando que su prolongada encarcelación sin proceso es alarmante para una democracia considerada aliada clave del país norteamericano.

India bajo Modi: ¿una democracia cada vez más debilitada?

Desde su llegada al poder en 2014, el primer ministro Narendra Modi ha sido acusado por opositores y analistas internacionales de favorecer una agenda de exclusión religiosa y fortalecer el poder del Estado frente a individuos u organizaciones que critican su mandato.

Medios independientes están cada vez más presionados; periodistas han sido encarcelados por reportajes críticos; y las protestas pacíficas, como las lideradas por agricultores y estudiantes, han sido reprimidas con fuerza policial.

En este escenario, casos como el de Khalid e Imam sirven como símbolos de advertencia sobre hacia dónde puede dirigirse la mayor democracia del mundo cuando se erosiona el equilibrio entre Estado y ciudadanía.

Culpabilidad sin juicio: el riesgo de normalizar la excepción

Resulta inquietante que, aun cuando otros cinco acusados por los mismos disturbios del 2020 han recibido libertad bajo fianza, Khalid e Imam continúan en prisión. El fallo de la Corte Suprema justifica esta decisión estableciendo que “mantienen una posición cualitativamente diferente” frente al caso, sin especificar de manera clara por qué.

La lógica parece ser: el tiempo detenido no será argumento suficiente para liberarlos mientras el juicio está en proceso; pero el juicio se retrasa, por lo cual la prisión preventiva se convierte en una pena en sí misma.

¿No es esto acaso contrario a los principios básicos del derecho penal moderno? El principio de inocencia, el acceso a una defensa justa y el derecho a un juicio oportuno son pilares fundamentales recogidos en tratados internacionales que India ha firmado.

Protestar no puede ser sinónimo de terrorismo

Quizás el aspecto más alarmante del caso es cómo se está criminalizando el activismo. Figuras como Khalid han hecho uso de la palabra, han liderado manifestaciones pacíficas y se han pronunciado en plataformas legales y académicas. Cometer delitos, de hallarse pruebas, debe acarrear consecuencias según el marco legal. Pero protestar no puede ser sinónimo automático de ser terrorista.

La estudiante y activista Devangana Kalita, también encarcelada por el mismo caso pero finalmente liberada, escribió: “Están construyendo una narrativa donde ser opositor ya equivale a ser culpable”.

¿Qué sigue para los activistas detenidos?

Con este rechazo a la apelación de fianza, Khalid e Imam permanecerán al menos otro año en detención preventiva mientras su caso sigue cada vez más visibilizado internacionalmente. Más allá del destino individual de estos jóvenes, lo que está en juego es el prestigio de un sistema judicial sometido a presiones ideológicas e injerencias políticas.

¿Puede realmente India sostener su imagen de democracia vibrante mientras encarcela estudiantes sin juicio solo por disentir? La gestión de estos casos puede definir el legado político y moral de una generación.

“Detención preventiva prolongada es igual a injusticia prolongada”

En palabras de la activista y escritora Arundhati Roy: “Una democracia no se mide por su economía ni por su fuerza militar, sino por cómo trata a sus disidentes”.

Mientras tanto, miles de estudiantes, intelectuales y activistas en India siguen luchando desde las barricadas físicas y digitales por justicia bajo la premisa simple pero radical: protestar es un derecho, no un crimen.

Artículo de análisis con base en reportes judiciales, comunicados de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y medios independientes como Bar & Bench.