Discurso de odio, vigilancia y política: el nuevo rostro del activismo en EE. UU.

Una confrontación sin precedentes: lo que realmente ocurrió con Betar

El pasado martes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció un acuerdo contundente con la organización judía sionista de extrema derecha Betar US, acusada de propiciar un ambiente hostil y de intimidación hacia activistas pro-palestinos. El acuerdo obliga al grupo a detener sus actividades de acoso o enfrentará una multa de 50.000 dólares.

¿Cómo se llega a este punto en el que un grupo activista supuestamente utiliza tecnología de reconocimiento facial para identificar manifestantes y alimentar listas negras enviadas a funcionarios de la anterior administración de Donald Trump?

Lo que parece sacado de una novela distópica es parte de la realidad política y social que atraviesa Estados Unidos, un país cada vez más polarizado por la cuestión israelí-palestina.

¿Quiénes son Betar y por qué están siendo señalados?

Betar US se define como una rama de una organización sionista militante fundada hace un siglo en Europa Oriental. En Estados Unidos, operaba bajo el nombre Betar Zionist Organization Inc., con especial actividad en el área metropolitana de Nueva York. Aunque con una presencia discreta durante años, la organización comenzó a atraer atención en 2023, cuando declaró haber compilado listas con nombres de activistas contra la guerra en Gaza, incluso presumiendo del uso de software para identificarlos pese a estar enmascarados.

“Nueva York no tolerará organizaciones que usen el miedo, la intimidación y la violencia para negar la libre expresión o atacar a personas por quiénes son”, dijo Letitia James en un comunicado. La gravedad del asunto no se limita a palabras: según el acuerdo, Betar debe abstenerse de acosar física o psicológicamente a judíos, musulmanes y palestinos en manifestaciones.

Facial recognition y “doxing”: vigilancia ciudadana cruzando la línea

Uno de los elementos más alarmantes del caso es la afirmación de Betar sobre el uso de reconocimiento facial para obtener la identidad de activistas encapuchados. Si bien el uso de esta tecnología por parte de gobiernos y empresas ya es tema de preocupación, la adopción por parte de grupos privados abre interrogantes serios sobre privacidad, legalidad y ética.

Además del reconocimiento facial, el grupo fue vinculado a Canary Mission, una plataforma de doxing que publica información de estudiantes y académicos percibidos como anti-Israel. Tras la publicación de estas listas, algunos activistas universitarios fueron detenidos por autoridades migratorias. De hecho, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional testificó que dichas listas habían sido utilizadas para identificar manifestantes, lo que vincula las acciones de Betar con políticas gubernamentales, creando una preocupante colusión ideológica-tecnológica.

“Tomen un dálmata”: amenazas encubiertas en redes sociales

Según documentos presentados por la fiscalía de Nueva York, Betar no solo se limitaba a listas. Previo a una manifestación en febrero de 2024 contra la venta de tierras en Cisjordania, publicaron en redes sociales mensajes como: “Traigan perros, pidan prestado un pitbull. Siéntanse libres de enmascararse y usar casco. Los yihadistas vienen a atacar sinagogas”.

En otra publicación de enero 2024, el grupo llamó a quitar el pañuelo o velo a las manifestantes, denominándolos “rape rags” (trapos de violación). Este lenguaje no solo es ofensivo, sino que entra en el terreno del discurso de odio de tipo racial y religioso.

Estas expresiones, lejos de ser marginales, están presentes en una narrativa cada vez más normalizada en ciertos sectores del activismo sionista de derecha. La retórica incendiaria busca agitar el miedo y justificar enfrentamientos violentos y racistas.

La respuesta de Betar: “No admitimos falta alguna”

Ronn Torossian, presidente de Betar, defendió a su organización tras el anuncio del acuerdo. “Hay gente caminando por las calles prometiendo matar judíos. Entonces, ¿alguien no puede entregarles un beeper comprado por eBay, está bien? No admitimos culpa alguna en este documento”, dijo con tono desafiante.

Más allá de su retórica, la realidad es que Betar ha cerrado sus operaciones en Nueva York según reportes de la misma fiscalía. Torossian asegura que la organización continúa en otro estado, abriendo dudas sobre quién vigilará sus futuras actividades.

¿Qué dice esto del clima político en EE. UU.?

Este caso debe leerse en el contexto del aumento generalizado de la polarización política y étnica en los Estados Unidos. Desde el final de la era Trump hasta los recientes ataques a campus universitarios por causas palestinas, sectores conservadores han tratado de calificar todo disenso como una amenaza.

En este marco, los intentos de criminalizar la protesta pacífica —usando herramientas tecnológicas y apoyo institucional— son una tendencia alarmante. La llamada “guerra cultural” no solo se libra en los medios de comunicación, sino también con inteligencia artificial, vigilancia y manipulación digital.

De hecho, según datos del Southern Poverty Law Center, los crímenes de odio aumentaron un 20% en EE. UU. entre 2021 y 2023, siendo los musulmanes y los judíos los blancos principales. Sin embargo, lo paradójico es que muchas veces son sectores de las mismas comunidades los que se atacan mutuamente por diferencias ideológicas, como es el caso de Betar amenazando incluso a judíos progresistas.

Neonacionalismos y activismo radicalizado: de Europa del Este al campus de Columbia

El caso de Betar tiene raíces profundas. Fue fundado por Ze’ev Jabotinsky en Polonia hace más de un siglo, abogando por un sionismo revisionista y militarizado. Hoy, esa identidad persiste en la retórica bélica de sus seguidores en EE. UU., muchos de ellos jóvenes, quienes consideran que cualquier crítica hacia Israel es antisemita.

Lo preocupante es que el extremismo ya no está limitado a márgenes. Colectivos como Students for Justice in Palestine o activistas universitarios en Columbia o Yale se han visto amenazados, acosados y hasta arrestados. A esto se suma el uso de instituciones legales —como inmigración o la policía— para perseguir causas políticas.

Letitia James: una fiscal en pie de guerra contra el extremismo

Letitia James ha sido protagonista de otras acciones legales relevantes, entre ellas contra la administración Trump por múltiples causas. En este caso, su postura firme representa una señal clara de que el estado de Nueva York no permitirá que se utilicen plataformas sociales ni herramientas digitales para agredir a minorías o aplastar la disidencia.

James definió las acciones de Betar como “un patrón alarmante e ilegal de acoso motivado por prejuicios”, puntualizando que no es aceptable disfrazar la represión bajo el argumento de seguridad.

¿Qué sigue?

Si bien Betar ha acordado cesar sus actividades en Nueva York, su presencia digital y posible reubicación en otros estados podrían generar nuevas tensiones. El mensaje que deja este caso es doble: no hay mayor amenaza a la libertad que el uso de la intimidación masiva para acallar la protesta, y aún falta mucho por legislar y educar en torno al uso ético de las herramientas digitales para el activismo.

El activismo con fines violentos no puede permitirse, venga del lado que venga. Las sociedades democráticas tienen el reto de distinguir entre protesta legítima y operación paramilitar ideológica. Casos como el de Betar nos recuerdan que esa línea, a veces sutil, debe ser firmemente protegida.