Costa Rica bajo fuego: el supuesto atentado contra Chaves y la inquietante deriva autoritaria del gobierno

En una semana marcada por la agitación política y el miedo a una escalada autoritaria, Costa Rica –considerada durante décadas como una de las democracias más estables del hemisferio occidental– ha sido sacudida por la presunta revelación de un intento de magnicidio contra el presidente Rodrigo Chaves.

Lo que comenzó como una declaración sorpresiva del ministro de Seguridad Nacional, Jorge Torres, se ha transformado en un terremoto político de grandes proporciones. La activista Stella Chinchilla, conocida por su trabajo en defensa de los derechos humanos y su abierta crítica al gobierno de Chaves, ha sido señalada en una denuncia que la acusa de presuntamente contratar sicarios para asesinar al mandatario costarricense.

¿Intento de asesinato real o persecución política?

"No he escrito ni una coma de lo que aparece ahí", fue la categórica respuesta de Chinchilla tras comparecer ante el Ministerio Público para conocer los detalles del expediente en su contra. Vicepresidenta del centro de derechos humanos Friends for Peace, la activista asegura que todo se trata de un montaje orquestado para silenciar las voces críticas del actual gobierno. Asegura que las capturas de pantalla que supuestamente demuestran su vínculo con sicarios son falsas.

Lo alarmante no es solo la denuncia en sí, sino el uso político y mediático que se ha hecho de ella. Chinchilla denunció que los medios afines al gobierno accedieron a las supuestas pruebas antes que la propia Fiscalía, lo que refuerza la sospecha de una campaña de difamación dirigida desde el poder ejecutivo.

La peligrosa normalización del lenguaje bélico

Tras conocerse la denuncia, el jefe de seguridad presidencial, Jeffrey Cerdas, advirtió que la amenaza “no es especulación”, sino “una amenaza seria a la estabilidad democrática del país”. En paralelo, las medidas de seguridad en torno al presidente han sido reforzadas. Pero el tratamiento mediático de la noticia parece contribuir más al pánico que a la transparencia.

Este tipo de narrativa, que mezcla amenazas reales o supuestas con un discurso de emergencia nacional, ha sido característica de regímenes populistas y autoritarios en otras partes del mundo. En este sentido, la coincidencia temporal del caso no ha pasado desapercibida: el día de la denuncia, Chaves recibió al presidente salvadoreño Nayib Bukele para colocar la primera piedra de una mega prisión en Costa Rica, inspirada en el polémico modelo salvadoreño.

El ‘Bukelismo’ costarricense: ¿represión disfrazada de orden?

Durante décadas, Costa Rica ha presumido con razón de su estabilidad civil, su compromiso ambiental y la abolición del ejército desde 1948. Pero en los últimos años, y especialmente bajo la administración de Chaves, se multiplican las señales de alerta sobre un rumbo que podría romper con ese legado pacifista y democrático.

La cárcel que se construirá en Costa Rica, basada en la “ciudad prisión” de El Salvador, ha sido recibida con entusiasmo por algunos sectores, sobre todo ante el auge de violencia ligado al narcotráfico. Sin embargo, las críticas no han faltado desde organizaciones de derechos humanos y sectores académicos por lo que podría significar en términos de derechos civiles y extensión del poder punitivo del Estado.

“Estamos adoptando un modelo que criminaliza la pobreza y reduce la seguridad a represión masiva”, denunció el académico y criminólogo costarricense Alberto Solano en una entrevista con el diario La Nación. Costa Rica cerró el 2025 con 877 homicidios, apenas tres menos que en 2024, y sigue sin respuestas estructurales a una crisis de seguridad alimentada por los carteles de droga.

La instrumentalización del miedo como herramienta de poder

El caso contra Chinchilla, el discurso de seguridad nacional, la alianza con Bukele y las prisiones como panacea: todos estos elementos parecen componer las piezas de un proyecto político basado en el miedo y el control. El intento de asociar a una activista pacifista con un intento de asesinato presidencial no solo es alarmante en lo jurídico, sino también en lo simbólico. Acusaciones de este tipo, sin pruebas contundentes y con filtraciones dirigidas a la prensa oficialista, crean un clima donde la crítica social queda en entredicho y las garantías del debido proceso se diluyen.

Esto recuerda a estrategias utilizadas en regímenes autoritarios, donde las figuras disidentes son acusadas de traición, terrorismo o subversión, con el objetivo de deslegitimarlas públicamente y silenciarlas legalmente. En palabras del politólogo costarricense Mauricio Herrera Ulloa: “la democracia no solo se erosiona con golpes, también lo hace con discursos de odio, leyes a la medida y persecución judicial encubierta”.

¿Quién es Stella Chinchilla?

Stella Chinchilla no es una figura marginal en la sociedad costarricense. Su activismo la ha llevado a ocupar espacios en foros internacionales y a liderar desde hace años el Friends for Peace Center, desde donde ha denunciado abusos policiales, maltrato institucional y políticas que afectan a los migrantes. También ha sido una de las voces más duras contra la aproximación de Chaves a modelos represivos como el salvadoreño y contra su retórica confrontativa hacia la prensa independiente.

En redes sociales, la activista ha acumulado una base sólida de seguidores, convirtiéndola en una figura incómoda para el gobierno. Desde esos espacios, ha criticado con vehemencia la criminalización de la protesta social, el uso desmedido de la policía contra manifestantes campesinos e indígenas, y la reciente política migratoria del país, que muchos consideran inspirada en el modelo de contención y expulsión de Estados Unidos.

Reacciones en cadena: ¿se quiebra el consenso democrático en Costa Rica?

Varios sectores de la sociedad civil, incluyendo asociaciones de prensa, entidades religiosas y defensores de derechos humanos, han pedido al gobierno transparencia total en el caso y garantías para el debido proceso. Además, han advertido sobre el peligro de convertir a la oposición política y social en chivos expiatorios de las crisis estatales.

Para algunos analistas, la táctica de crear un “enemigo interno” –como lo han hecho otros líderes populistas en la región– ya está en marcha en Costa Rica, una nación que, hasta ahora, había resistido esas tentaciones autoritarias. El paralelismo con el ascenso de figuras como Jair Bolsonaro en Brasil o el mismo Bukele en El Salvador, no parece ya un mero ejercicio académico.

“La democracia no se pierde de un golpe, se va desangrando en pequeñas heridas que parecen justificadas”, advertía hace años el filósofo italiano Norberto Bobbio. Costa Rica enfrenta hoy el reto mayúsculo de defender su institucionalidad frente al fuego cruzado de un poder cada vez menos tolerante a la crítica y una ciudadanía atrapada entre el miedo y la desconfianza.

¿Cuál será el desenlace?

El Ministerio Público deberá ahora decidir si existen pruebas suficientes para formalizar cargos contra Chinchilla. Por su parte, organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya han solicitado estar atentas al desarrollo del caso, dado su enorme potencial de establecer un precedente peligroso para la protesta social en la región.

De momento, la población costarricense observa con preocupación cómo su modelo democrático –basado en el diálogo, el respeto mutuo y la paz social– empieza a navegar aguas cada vez más turbias. Queda por ver si el país logrará salir de esta crisis reafirmando justamente esos valores o si, por el contrario, esta denuncia marcará un punto de no retorno en el desmantelamiento silencioso de su democracia.