Ecuador: gobierno y movimiento indígena inician diálogos

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador y la mayor organización indígena del país iniciaron el miércoles un diálogo que durará 90 días y que busca acuerdos en torno a una agenda de diez demandas sociales que motivaron una reciente huelga que paralizó al país.

En el primer encuentro que duró más de ocho horas de trabajo, se resolvió compartir información respecto a dos temáticas álgidas como la focalización del subsidio a los combustibles y la eventual condonación de deudas en la banca pública y privada.

Fue “muy productivo” y “hemos invitado a construir este diálogo sobre las similitudes y no sobre las diferencias”, afirmó en rueda de prensa el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, quien lidera la mesa de focalización. Informó que una vez entregada la información, se trabajará por separado en la segunda jornada con el fin de analizar los datos y retomar las reuniones conjuntas, enfatizando la invitación a las organizaciones sociales para que “las propuestas no vengan solo del gobierno nacional sino en conjunto”, dijo.

Iván Andrade, presidente del directorio del Banco de Desarrollo de Ecuador, aseguró que se entregaron números, balances y montos en lo que respecta a banca pública.

Por su parte Leonidas Iza, dirigente del movimiento indígena, indicó que se resolvieron los mecanismos de coordinación, metodología y parte operativa para los diálogos, y se determinó la necesidad de cruzar datos para consolidar la propuesta en concreto. Reiteró su disposición al diálogo.

Las conversaciones arrancaron en medio de la tensión que generaron las declaraciones desde el sector gobierno sobre el supuesto financiamiento de las marchas indígenas con dinero del narcotráfico y la participación violenta de guardias indígenas entrenadas.

Iza, quien preside la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), reclamó en la apertura del evento por las afirmaciones del presidente y aseguró que “no podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado ocho dólares a cada manifestante y, en este caso, que recibimos recursos del narcotráfico”. Pidió a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que actúa como mediador, que le solicite al gobierno un pedido formal a la Organización de las Naciones Unidas para que un relator especial del foro permanente de los pueblos indígenas sea veedor de las conversaciones.

En tanto, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, había recalcado que el gobierno ha tomado con “la seriedad del caso” a los diálogos y destacó la presencia de cinco ministros de Estado y otros funcionarios. “Quiero reiterarles nuestro absoluto compromiso, buena fe y disposición para seguir avanzando en este proceso, sabemos que no va a ser fácil”, concluyó.

La metodología establecida para el desarrollo de las conversaciones indica que cada mesa temática durará tres días, pudiendo extenderse por dos más.

La principal demanda durante las movilizaciones indígenas fue la reducción del precio de los combustibles en un rango de 45 centavos de dólar por galón de la gasolina extra y diésel. Sin embargo, el gobierno aceptó reducir en 15 centavos el galón y avanzar hacia la focalización de los subsidios para quienes más los necesitan.

El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, afirmó en declaraciones a la prensa que la propuesta con la que el gobierno se presenta a los diálogos es “el orden con enfoque social”, mientras el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, dijo al canal Teleamazonas que “lo importante es llegar a un acuerdo… favoreciendo a los pequeños productores que son los más complicados en la cadena de producción”.

Para el analista económico Vicente Albornoz se requerirá de una “gran dosis de creatividad” para alcanzar un mecanismo de focalización de los subsidios que no implique un aumento de los mismos y la generación de “mercados negros”.

En declaraciones a The Associated Press, Albornoz se mostró pesimista pues consideró “muy complejo” diseñar un sistema “que sea eficiente, que no le cueste dinero adicional al gobierno y que llegue a los que tiene que llegar”.

Aseguró que actualmente el Estado destina 500 millones de dólares aproximadamente para cubrir el subsidio a los combustibles, un modelo que presenta problemas, dijo, porque “primero llegan a los ricos y no a los pobres, segundo benefician a los contrabandistas que se llevan (el combustible) a Colombia y Perú… es la peor política que puede haber”.

El experto reconoció que una eliminación del subsidio en estos momentos es “utópica” pues representaría un incremento del precio para la mayoría de los ecuatorianos.